No todos los funcionarios están contratados a perpetuidad, ni cobran grandes sueldos. Tampoco son todos unos vagos ni viven para amargarle la existencia desde su 'atalaya' al sufrido ciudadano que tiene un trámite que cumplir. Sin embargo, en plena crisis y con cuatro millones largos de parados, un 'puestecito' con salario decente y ciertas garantías de estabilidad es una opción laboral de ensueño para muchos trabajadores que afrontan recortes de todo tipo en sus empresas.
El pasado 20 de mayo, el Gobierno aprobó en el Consejo de Ministros el recorte del gasto para hacer frente al déficit que había anunciado la semana anterior. Con estas medidas, que contemplan la bajada de sueldo a los funcionarios y la congelación de las pensiones, el Ejecutivo anunció un ahorro de 15.000 millones de euros en este año y en 2011. Una semana después, el 'tijeretazo' cumplió por la mínima con su trámite en el Congreso de los Diputados.
Para entonces, la polémica estaba servida y los funcionarios, su situación y los tópicos que rodean a su profesión ya habían comenzado a ser objeto de análisis y debate.
Los que son y cómo son: clases de empleados públicos
Una de las primeras dudas que surgió tras el primer anuncio de recorte fue a qué tipo de empleados públicos y en qué proporción afectaba la medida: ¿empleados de empresas públicas? ¿personal laboral? ¿funcionarios de carrera? ¿directivos? ¿eventuales? ¿a todos?
El trabajador público por excelencia es el llamado funcionario de carrera, que accede a su puesto de trabajo tras superar unas oposiciones y cuenta con un nombramiento en el que se reconoce dicha condición y unas condiciones laborales que rige el Derecho Administrativo. Es el grupo más numeroso.Según la titulación requerida, el funcionariado de carrera está dividido en grupos y subgrupos: el 'grupo A', para trabajadores que tengan el título universitario de Grado (en clasificaciones anteriores equivalía a la categoría de Doctor, Licenciado e Ingeniero Superior); el 'grupo B', al que se le exige el título de Técnico Superior (los antiguos Diplomados Universitarios e Ingenieros Técnicos); y el 'grupo C', que distingue entre los C1, que tienen el título de bachiller o técnico, y los C2, con el graduado en Educación Secundaria Obligatoria (o el equivalente Graduado Escolar).
Los funcionarios interinos, por el contrario, ocupan de forman temporal plazas que han de ser ocupadas definitivamente por funcionarios de carrera o sustituyen a funcionarios que hayan ejercido el derecho de reserva de plaza y destino. Sus tablas salariales y recortes son similares a los que sufrirán los funcionarios de carrera.
Además, la Administración Pública puede contratar personal laboral, que presta servicios retribuidos y para el que rige el Derecho Laboral. Según el tipo de contrato son fijos, por tiempo indefinido o temporal.Mención aparte merece el personal eventual y el personal directivo. En ambos casos se nombran libremente, aunque los primeros desempeñan un trabajo de confianza o asesoramiento y, en el caso de los directivos, entra además en juego criterios de confianza política.
Los que son y cuántos son: cifras del sector
El Registro Central de Personal, que elabora el de la Presidencia, recogía en su último informe de julio de 2009 que en España había 2.659.010 empleados públicos. Los datos más recientes provienen, sin embargo, de la Encuesta de Población Activa, que habla de 3.088.400 funcionarios en el primer trimestre de 2010.En cualquier caso, de acuerdo con los datos del Ministerio de la Presidencia, los funcionarios suponen un 5,78% de la población total, así como un 14,46% de la población activa ocupada.
Las Comunidades Autónomas son las administraciones que más empleo público generan, un 50,6%. Los funcionarios de la Administración Estatal son, porcentualmente, menos de la mitad, el 21,9%. En estos niveles andan también las administraciones locales, con un 23,6%.
Por sectores profesionales, el Sistema Nacional de Salud emplea al 18,5% de funcionarios. Los docentes no universitarios (maestros y profesores) y los ayuntamientos están casi empatados y copan algo más del 20% de puestos públicos respectivamente.
Los que menos funcionariado aúnan son las fuerzas de seguridad autonómicas (0,9%) y Patrimonio Nacional (0,6%). Les sigue, con un discreto 2,3%, la Administración de Justicia.
La Administración Estatal emplea en los diferentes ministerios a un total de 223.995 personas entre funcionarios de carrera, personal laboral, directivos y trabajadores eventuales. El grupo más numeroso es el de funcionarios de carrera (el 67,93%). El personal laboral supone casi el 30% (29,75%) y los eventuales y directivos el 2,33%.
Los ministerios que cuentan con mayor número de empleados públicos son Economía y Hacienda (la mayoría en la Agencia Tributaria) y Trabajo e Inmigración, ambos superan ampliamente los 46.000 trabajadores. Les siguen Interior, con algo más de 35.095 personas (de las que más de 19.000 trabajan para Instituciones Penitenciarias) y Defensa, con algo más de 27.300.
Curiosamente, el Ministerio de Defensa es con diferencia el que mayor número de personal laboral tiene, algo más de 21.300, la inmensa mayoría con contrato fijo. Los funcionarios de carrera se quedan en 5.967.
Por la cola en cantidad de personal figura Igualdad, con 461 empleados, Vivienda con 330 y Política Territorial, la Vicepresidencia de Manuel Chaves, con 238 trabajadores.
Los recortes: ¿Cuánto dinero pierden?
Las retribuciones de cualquier empleado público se articulan en torno a dos grupos: las básicas (sueldo base, trienios y pagas extraordinarias); y las complementarias (complementos de destino, complementos específicos y complemento de productividad). Todas las cantidades percibidas por cada concepto están también establecidas y reguladas.
De igual forma que el salario es mayor para los funcionarios del 'grupo A' que para los del 'grupo B' o 'grupo C', el recorte es también progresivo. Según lo publicado en el BOE, las bajadas comenzarán a aplicarse desde hoy, 1 de junio de 2010, y afectarán a las retribuciones básicas y a las complementarias. La paga extraordinaria de junio no se verá afectada, pero sí la de diciembre.Así, los 'A' afrontarán una bajada del 7% y los 'B' del 5,75%. En el 'grupo C' se queda en el 4,5% en el caso de los 'C1' y en el 2,75% para los 'C2'.
El llamado 'grupo E' existía en clasificaciones de funcionarios anteriores y para acceder a él se exigía sólo el certificado de escolaridad. Al ser el grupo con menor remuneración (548 euros mensuales de salario básico), el recorte de sueldo que les afecta es el menor de todos, del 0,75%.El personal laboral verá también reducido su sueldo en un 5%. Sólo los que ganen hasta 949,5 euros brutos al mes quedan al margen del recorte.
Los miembros del Gobierno (presidente, vicepresidente y ministros) también afrontan una bajada salarial del 15%. Los otros altos cargos de la Administración, como secretarios de Estado, subsecretarios y directores generales, reducen su sueldo en un 10, 9 y 8% respectivamente.
La perspectiva del socio europeo
La sombra de Larra y su 'Vuelva usted mañana' es alargada para los funcionarios. El escritor y periodista describió en el siglo XIX los vicios y la falta de eficacia de los empleados públicos españoles. Desde entonces, España carga con el tópico de 'país de funcionarios'. Y aunque dice el refrán que 'mal de muchos...', el tamaño de las administraciones públicas de nuestros vecinos europeos no le anda a la zaga al nuestro.
En líneas generales, España no es el país europeo con más cantidad de funcionarios. La proporción de empleados públicos por población ocupada nos sitúa, con casi un 15%, en la mitad de la tabla, por delante de Reino Unido, Grecia o Alemania.Suecia, con un 25% de funcionarios del total de sus trabajadores en activo, o Francia con el 20%, lideran esta clasificación.Durante la presidencia francesa de turno de la Unión Europea, se elaboró en 2008 el estudio 'Administration and the Civil Service in the EU 27 Member States'. Este informe analiza en profundidad y por países el Sector Público en la Unión Europea y, aunque no recoge los datos de Dinamarca y España, y los de Bulgaria, Estonia, Malta y Rumanía son provisionales, ofrece un cálculo ilustrativo del número de funcionarios por habitante en cada país.Así, Italia, con un funcionario por cada 17 habitantes, o Alemania, con 18 habitantes por funcionario, tienen niveles similares a los de España, que en 2008 tenía un empleado público por 18 habitantes.En la parte alta de la tabla destaca Suecia, un país con algo más de nueve millones de habitantes y con 1.125.000 funcionarios. Allí, donde hay un funcionario por ocho habitantes, el empleado público no tiene el puesto garantizado a perpetuidad. Y cuando la Administración lleva a cabo recortes se realizan cursos y formación para facilitar el reciclaje profesional.Finlandia, Letonia y Malta le siguen en la clasificación, con nueve funcionarios por habitante. Francia y Bélgica tienen 12. Y Portugal, Holanda e Irlanda también superan a España.A la cola de esta lista están Rumanía, República Checa y Eslovaquia, los países con menor densidad de empleados públicos por habitante de la UE y con cifras que superan el centenar de habitantes por cada funcionario.
El difuso concepto de la productividad
Otra cosa es saber si unos funcionarios europeos son más productivos que otros. Medir la productividad de los funcionarios es una tarea compleja. Obtener una cifra única, comparable y de fácil lectura se ha convertido casi en una obsesión. Sin embargo, la tarea no es fácil porque se trata de un colectivo laboral muy heterogéneo (médicos, licenciados, ingenieros, administrativos, personal técnico...) y que realizan labores totalmente distintas.
Dos relaciones muy usadas -especialmente para las comparaciones entre países- son los funcionarios por habitante, es decir, tratar de cuantificar la productividad a igualdad de prestaciones; y los funcionarios por persona ocupada, o sea, establecer un vínculo entre su productividad y la carga que representan para el sector privado a igualdad de prestaciones.
Parece lógico, por tanto, que sea también necesario una medida de las prestaciones ofrecidas a los ciudadanos, es decir, un atributo que nos diga que los funcionarios suecos no son menos eficientes sólo porque haya mayor número de funcionarios respecto del número de habitantes o de población activa ocupada.La importancia de usar medidas de la productividad de los empleados del sector público radica en que permiten incentivar de forma efectiva a estos trabajadores, generando así un mayor esfuerzo de reducción de los costes de producción.La escasa existencia de dichos mecanismos de control y sus efectos adversos se conocen en la literatura económica como ‘Ineficiencia X’, término introducido en 1966 por Harvey Liebenstein y que hoy en día forma parte de la Teoría de la Burocracia.
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