Juicio al procés Los protagonistas
El Tribunal Supremo juzga a 12 líderes catalanes por el referéndum y la
declaración ilegal de independencia de 2017. Estos son sus perfiles y
situación procesal, con las peticiones de penas de la Fiscalía y la
Abogacía del Estado. Otros seis serán juzgados por el Tribunal Superior
de Justicia de Cataluña (TSJC), mientras la Audiencia Nacional investiga
a cuatro responsables policiales. Siete excargos políticos permanecen
huidos.
Procesado
El exvicepresidente del Govern y líder de
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) es una de las figuras centrales
del procés. Fue alcalde de Sant Vicenç dels Horts (2011-2015) y diputado
autonómico desde 2012.
Escenario judicial:
Delitos: Rebelión y
malversación.
El auto del juez Llarena le acusa de haber participado en una reunión de
coordinación policial, el 28 de septiembre de 2017, junto a Carles
Puigdemont y Joaquim Forn, en la que los mossos evaluaron un grave
riesgo de "incidentes violentos". El juez afirma que, pese a todo,
prefirió llamar a la población a participar e "impulsar el diseño de un
operativo policial autonómico comprometido con que las movilizaciones
partidarias de la votación ilegal pudieran enfrentarse con éxito a la
fuerza policial del Estado".
Petición de penas: La Fiscalía solicita 25 años de prisión; la Abogacía del Estado, 12 años.
Licenciado en Derecho y cargo público desde
1987, fue una de las figuras más activas en la defensa del referéndum.
Ha sido diputado autonómico de Cataluña desde 2006. Entre el 14 de julio
y el 28 de octubre de 2017 ejerció como consejero de la presidencia de
Cataluña y portavoz del Govern.
Escenario judicial:
Delitos: Rebelión y
malversación.
El juez le atribuye haber impulsado la movilización en favor del
referéndum y haber gestionado y diseñado su inserción publicitaria. Le
imputa la coordinación de infraestructuras informáticas para divulgar la
consulta así como el "reclutamiento de miles de voluntarios" que
asumieron la constitución de las mesas o la elaboración del registro de
catalanes en el exterior.
Petición de pena: La Fiscalía solicita 16 años de prisión; la Abogacía, 11 años.
Eurodiputado por las listas de Iniciativa
per Catalunya durante 10 años, en las elecciones al Parlament de 2015
encabezó la lista de Junts pel Sí, la coalición del PDeCAT y ERC con la
que el independentismo acudió a las urnas y obtuvo 62 de los 135
diputados.
Escenario judicial:
Delitos: Rebelión y
malversación.
Llarena le acusa de haber impulsado la creación de "las estructuras del
Estado" y de tratar de favorecer el reconocimiento de la república
catalana en el extranjero a través del Diplocat. Asumió la llegada de
distintos observadores internacionales que dieran legitimidad al
referéndum.
Petición de penas: La Fiscalía pide 16 años de prisión; la Abogacía, 11 años.
Licenciado en Derecho, su carrera política
se ha desarrollado en la ciudad de Barcelona, donde ha sido concejal de
CiU desde 1999. Consejero de Interior de la Generalitat entre el 14 de
julio y el 28 de octubre de 2017, recayó sobre él la responsabilidad de
aplicar las órdenes de la Fiscalía y del Gobierno central en vísperas
del referéndum ilegal.
Escenario judicial:
Delitos: Rebelión y
malversación.
El auto le imputa la misma implicación que a Oriol Junqueras y que, pese
a ser consciente de la gravedad de los hechos acaecidos ante el
Departamento de Economía, decidió continuar impulsando el referéndum
ilegal diseñando "un operativo policial comprometido con que las
movilizaciones partidarias de la votación ilegal pudieran enfrentarse
con éxito a la fuerza policial del Estado".
Petición de penas: La Fiscalía solicita 16 años de prisión; la Abogacía, 11 años.
Empezó militando en ERC pero pasó a CDC, de
la que fue diputado autonómico desde 2006 y alcalde de Figueres entre
2007 y 2012. Dejó la vida municipal para ser ‘conseller’ de Artur Mas y
conservó el puesto en el Govern de Puigdemont, como consejero primero de
Cultura y luego de Empresa, hasta su dimisión el 26 de octubre.
Escenario judicial:
Delitos: Malversación de caudales públicos y desobediencia.
Petición de penas: La Fiscalía solicita 7 años de prisión, los mismos que la Abogacía del Estado.
Es una veterana parlamentaria de CDC (entró
en la Cámara autonómica en 1995), hija de uno de los fundadores del
partido, Jacint Borràs. Fue consejera de Gobernación de la Generalitat
con Puigdemont.
Escenario judicial:
Delitos: Malversación de
caudales públicos y desobediencia.
El auto le atribuye haber desatendido los requerimientos del Tribunal
Constitucional al aprobar el decreto 139/2017 de convocatoria del
referéndum. También el haber autorizado a los diferentes departamentos
acciones y contrataciones necesarias para el referéndum con la
disposición de fondos públicos para un destino distinto del previsto.
Petición de penas: La Fiscalía solicita 7 años de prisión, los mismos que la Abogacía del Estado.
Antes de concurrir en la lista de Junts pel
Sí en las elecciones de 2015, Bassa compaginó cargos en UGT de Girona
con una concejalía en la capital. Con un perfil marcadamente
independentista, fue la encargada de sacar adelante la Renta Garantizada
de Ciudadanía y la reforma del Servicio de Ocupación de Cataluña.
Escenario judicial:
Delitos: Rebelión y
malversación.
El 29 de septiembre de 2017 asumió, según el auto, el control de todos
los locales dependientes de sus respectivas consejerías para garantizar
su puesta a disposición del referéndum y asegurar su éxito. Al igual que
el exconsejero Toni Comín, permitió "la utilización de sus
departamentos para soportar parcialmente el gasto derivado de imprimir
las papeletas para la votación así como de elaborar el censo electoral o
de hacer a las citaciones a los componentes de las mesas electorales".
Petición de penas: La Fiscalía pide 16 años de prisión; la Abogacía reduce la petición a 11 años.
Parlamentario desde hace 20 años, es una de
las figuras más veteranas de la extinta Convergència Democrática y un
referente de la renovación generacional de la formación nacionalista, en
la que ha desempeñado distintos cargos orgánicos. Accedió a la
Consejería cuando Puigdemont formó gobierno en enero de 2016.
Escenario judicial:
Delitos: Rebelión y
malversación.
El auto sostiene que su aportación al procés ha sido "significada" desde
que el 30 de marzo de 2015 firmó el acuerdo por la independencia con
las entidades soberanistas en nombre de Convergència y ha sido
"partícipe en múltiples reuniones definitorias de las estrategia de la
independencia". El juez le acusa de haber impedido que un ferry con
policías atracara en el Puerto de Palamós buscando con ello la
celebración del referéndum.
Petición de penas: La Fiscalía solicita 16 años de prisión; la Abogacía, 11 años.
Abogado vinculado a ERC, se incorporó como
consejero en 2016, después de ocupar cargos institucionales en las áreas
de Educación, Cultura y Medios de Comunicación de la Generalitat y
ejercer como concejal en Gurb (Barcelona) entre 1999 y 2015.
Escenario judicial:
Delitos: Malversación de caudales públicos y desobediencia.
Petición de penas: La Fiscalía pide 7 años de prisión, los mismo que la Abogacía del Estado.
La que fuera presidenta de la Asamblea
Nacional Catalana (ANC) durante cuatro años se convirtió en una
defensora de la estrategia del independentismo en la cámara legislativa
desde su designación tras las elecciones autonómicas de septiembre de
2015, en las que concurrió como número dos de la lista de Junts Pel Sí.
Escenario judicial:
Delitos: Rebelión. El auto
le atribuye una participación "medular" desde el principio del procés
como presidenta de la ANC. El juez la acusa de haber sometido a votación
como presidenta del Parlament la aprobación de la "legislación de
soporte" que sirvió de "coartada" del procés aun contrariando al
Tribunal Constitucional. Se la acusa de haberse manifestado el 20 de
septiembre y de haber arengado a la movilización un día después a las
puertas del TSJC. Recibió a observadores internacionales y puso al
Parlament "al servicio del violento resultado obtenido con el
referéndum".
Petición de penas: La Fiscalía solicita 17 años de prisión; la Abogacía reduce la petición a 10 años.
Antes de tomar el relevo de Carme Forcadell
en el liderazgo de la entidad independentista responsable de las
multitudinarias Diadas, Sànchez era adjunto al defensor del pueblo
catalán. Un mes después de su ingreso en prisión, anunció que abandonaba
la presidencia de la Asamblea Nacional Catalana.
Escenario judicial: El 16
de octubre de 2017, la juez Lamela lo envió a prisión preventiva acusado
de sedición por participar en el cerco a la comitiva judicial que
registró la sede de la Consejería de Economía antes del 1-O. El juez
Llarena le mantuvo en prisión por riesgo de fuga y reiteración
delictiva. En las elecciones catalanas del 21-D concurrió en las listas
de la coalición independentista y fue propuesto como president en
sustitución de Puigdemont, aunque acabó renunciando. El juez Llarena le
ha procesado por rebelión.
Delito: Sedición y Rebelión.
Petición de penas: La Fiscalía pide 17 años de prisión y la Abogacía del Estado 8 años.
https://elpais.com/especiales/2019/juicio-al-proces/quien-es-quien/
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