Un juez investiga al ex futbolista Raúl por alzamiento de bienes

Tras recibir orden de embargo por la vía civil el ex jugador Raúl González Blanco ha sufrido también un serio revés en la vía penal. El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, investiga al ex jugador, a su madre, María Luisa Blanco y a su cuñado, Carlos Redondo, por presuntos delitos de insolvencia punible y alzamiento de bienes.
Se trata de una instrucción penal para dilucidar si el legendario jugador vació su sociedad para eludir el pago de una deuda de 7,17 millones a su socia, la empresa Aurantia, tras el fracaso de un negocio de producción de paneles solares en Cádiz.
Según el auto fechado el pasado día 2 al que ha tenido acceso EL MUNDO, el juez sostiene que "los citados tres querellados" cometieron actuaciones que "a priori, pueden incardinarse en las previstas en el tipo de los artículos 257, 258 y 259 del Código Penal", que son los consagrados a las insolvencias punibles y alzamientos de bienes para no pagar deudas. El auto supone confirmar su imputación, porque, aunque ya se encontraban hace tiempo en esa situación judicial, no había trascendido hasta ahora. El juez sostiene que las operaciones de escisión de la sociedad de Raúl llamada Europa Scar Sport "cuando ya existía una deuda a favor de Aurantia" puede suponer un alzamiento de bienes.
Los hechos se remontan a 2009 cuando esta empresa de Raúl no reflejaba en sus cuentas anuales que debía cubrir la garantía de la citada deuda de 7,17 millones. Y, sobre todo, a 2011, cuando conocido el fiasco del negocio de paneles solares, procedió a escindir y vaciar la sociedad transfiriendo sus bienes a otras de su propiedad que no habían contraído ese endeudamiento, según la querella de sus socios.
El juez ordena en el auto que un perito judicial independiente elabore "un dictamen que determine si la realización de las cuentas realizadas por la mercantil Europa Scar Sport desde el año 2009 son ajustadas a la realidad de dicha sociedad reflejando la situación jurídica y económica de la misma, y si ha supuesto una situación de insolvencia total o parcial de la misma a los efectos de responder de las posibles deudas de aquella". Este dictamen puede ser clave para Raúl y su familia porque "una vez practicada dicha diligencia se acordará sobre la continuación del procedimiento o el sobreseimiento del mismo", señala el juez.
El auto supone denegar el recurso interpuesto por el ex jugador, que ha contado hasta ahora con el apoyo de la fiscalía que no veía relevancia penal. Los abogados del ex jugador defienden su inocencia y apuestan por el archivo, pero si resultara condenado, los delitos que le imputan suman penas de prisión de hasta cuatro años y hay que tener en cuenta el agravante de la alta cuantía de la deuda.
Raúl participaba en el proyecto de fabricar paneles solares de Gadir Solar con un 20% del capital y avalaba en esa parte un préstamo de Crédit Suisse de más de 35 millones. Según las cuentas anuales de su empresa, en efecto en 2011, cuando se conocía ya la debacle de Gadir Solar, transfirió toda su actividad inmobiliaria -valorada en 20 millones- a su sociedad Radlin Develops, S.L. También traspasó el negocio de derechos de imagen a Europa Scar Sport Imagen S.L por valor de 1,5 millones incluyendo dinero en efectivo de la tesorería de Europa Scar Sport. También figura que Raúl se embolsó 1,4 millones durante todo este sospechoso proceso de escisión.
De ese modo, Europa Scar Sport pasó de tener unos ingresos anuales superiores a los cuatro millones en 2010 a quedar sin ingreso ni actividad, por lo que entró en liquidación en 2013 quedando como administradora la madre del deportista. El juez ve responsabilidad en Raúl "como socio mayoritario de Europa Escar Sport", pero también en su madre puesto que la designó como administradora de la sociedad y también de su cuñado Carlos Redondo "como administrador y artífice de las operaciones mercantiles que lleva a cabo la querellada Europa Scar Sport firmando todos los contratos". Redondo admite además ser el director general y gerente de la sociedad y que él tomaba decisiones, según el auto.
Los socios de Raúl en aquel negocio, agrupados en la empresa Aurantia, están intentando cobrar el dinero por dos vías, esta penal y también la civil, tal y como publicó este diario el pasado día 24. Por la civil, una juez dictó orden de embargo por valor de 9,32 millones al incluir la deuda, costas e intereses. Raúl ha solicitado paralizarla por la situación concursal de la firma.

 http://www.elmundo.es/economia/2016/11/05/581cf20546163fb0238b45c9.html