Niveles récord de secuestro y tortura en Zimbabue

La violencia política en Zimbabue ha registrado durante todo el año 2016 unos niveles récord de asalto, secuestro y tortura registrados por parte de las fuerzas de seguridad de Zimbabue. Durante los meses de verano se sucedieron varios episodios en los que cientos de personas realizaron varios actos de protesta en la capital del país, Harare. Activistas, miembros de la sociedad civil y líderes de la oposición se aunaron para mostrar su descontento contra la decisión del presidente Robert Mugabe, en el poder desde hace treinta y seis años y con 92 años de edad, de presentarse a las elecciones de 2018.
La respuesta de la policía fue letal: gases lacrimógenos, cañones de agua y porras para dispersar las concentraciones en la capital Harare acabaron con decenas de heridos. Pero no es sólo la perpetuidad en el poder lo que preocupa a los zimbabuenses. La corrupción, la escasez de efectivo que dificulta el cobro de salarios para funcionarios y empresas, además de una grave sequía que ha dejado a millones de hambrientos, son asignaturas pendientes para un gobierno acusado de despotismo y violación de derechos humanos.
El descontento generalizado a consecuencia de este escenario, aumentó las protestas y, a diferencia de los últimos años, la policía ha ocupado un lugar destacado entre los autores de la escalada de la violencia. Esta tendencia ha preocupado a varios grupos de derechos humanos. El Proyecto Paz de Zimbabue (ZPP en sus siglas en inglés) denuncia un su último informe publicado en septiembre sobre violaciones de derechos, que entre julio y septiembre de 2015 se registraron 1.230 víctimas y la cifra se ha triplicado casi en el mismo periodo de este año, registrándose un total de 3.383 víctimas entre julio y septiembre de 2016.

Tratamiento "brutal, insensible e inhumano"

Por otro lado, la ONG local, Unidad de Servicios de Asesoramiento (CSU), ha registrado alrededor de 654 casos de violencia (334 incidentes en Harare y 92 en Bulawayo, dos de las ciudades más importantes) desde comienzos de año frente a los 476 casos que se produjeron en el año 2015. La CSU proporciona servicios médicos y de rehabilitación a las víctimas de la violencia organizada y la tortura en Zimbabwe. Sus estadísticas encontraron que el 45% de las víctimas eran de filiación política indeterminada, y dentro de los vinculados con la oposición, más del 52% eran seguidores del principal partido en contra: el Movimiento por el Cambio Democrático (MDC-T).
En declaraciones a EL MUNDO, el director de la CSU Frances Lovemore explica que "este tipo de violencia física contra los ciudadanos y las abducciones de los defensores de los derechos humanos son una reminiscencia de la violencia de 2007 y 2008". El contexto de las elecciones de 2008 se saldó con 200 muertos, 5.000 personas torturadas y cerca de 36.000 desplazados, según un informe de Human Rights Watch, donde señalaban como responsable al Gobierno de Mugabe. "Solicitamos que el Estado y el sector de la seguridad respeten el derecho de los ciudadanos a la libertad de asociación y de reunión y el derecho a pertenecer y a asociarse con los partidos políticos de su elecciones", reclama Lovemore.
'The Guardian' entrevistó a un líder de una protesta estudiantil que se llevó a cabo en la Universidad de Zimbabue, acabó con múltiples heridos a causa de la brutal acción policial. El entrevistado, Ostallos Gift Siziba, relató al medio británico cómo fue secuestrado por los agentes de seguridad durante el mes de agosto y llevado hasta la sede del gobierno. Gift Siziba explicó el tratamiento "brutal, insensible e inhumano" que soportó durante su detención. "Fui torturado y agredido con los pies colgando hacia arriba y la cabeza hacia abajo mientras que veintiuna personas se turnaban para golpearme hasta que me desmayé". Durante la entrevista también señaló que sus interrogadores le exigieron información sobre otros activistas.
La radio local Nehenda Radio se hizo eco de su secuestro el 27 de agosto después de que un abogado perteneciente a la organización Zimbabue Lawyers for Human Rights lo denunciara. Días después emitieron un comunicado en el que instaban al gobierno a investigar sobre los casos pendientes de desapariciones forzadas y "recompensara a todas las víctimas de acuerdo con sus obligaciones legales".
Durante su relato a The Guardian, Siziba aseguró que "perdió mucha sangre" y fue "herido en casi todas las partes de su cuerpo". "Se me negó el agua, y el derecho a llamar a mis padres, un abogado, o cualquier persona", dijo. Varias organizaciones de derechos humanos han recogido testimonios parecidos a los del activista que demuestran no solo la escalada de la violencia sino la intensidad con la que se reprime a los opositores. Algunos alegan "haber sido inyectados con sustancias desconocidas durante los interrogatorios, mantenidos en confinamiento solitario y sometidos a amenazas sexuales".
 http://www.elmundo.es/internacional/2016/10/28/581351f5468aeb63108b456e.html