“Escandaloso”, “inquietante” o “inaceptable”. La indignación también es total entre los afectados franceses por la catástrofe del Prestige ante la sentencia absolutoria
dictada 11 años después por la Audiencia Provincial de A Coruña. Las
instituciones regionales y municipales del litoral atlántico francés no
escatiman los adjetivos a la hora de declarar el “enfado”, en palabras
del alcalde de San Juan de Luz, Peyuco Duhart, ante un fallo de la
justicia española que deja sin culpables y sin nadie que pague la marea
negra que tiñó de fuel 1.700 kilómetros de costa, desde la desembocadura del Miño, en la frontera con Portugal, hasta el Canal de la Mancha.
“Consagra el permiso para contaminar al dar impunidad total a
armadores, fletadores, compañías petroleras, barcos con bandera de
conveniencia y aseguradoras”, reseñan los Ayuntamientos franceses del
frente atlántico. Pero han decidido que no se quedarán “quietos” y van a
movilizarse conjuntamente para emprender nuevas acciones judiciales
en busca de compensaciones para los perjudicados. La iniciativa, bajo
el paraguas de los consejos regionales de Bretaña y Las Landas, será
capitaneada por departamentos (administraciones provinciales) del oeste
francés y una treintena de Ayuntamientos. Todos ellos estuvieron
representados, con reclamaciones civiles, en el juicio español, al
margen del Estado francés, que delegó en el de España ejercer la acusación penal.
La idea, tras analizar en detalle la sentencia y las posibilidades de recursos, es reclamar ahora al Estado
español el resarcimiento de los daños. Tienen una carta guardada para
ello: bastaría con reactivar un recurso administrativo planteado hace
una década ante la Audiencia Nacional por parte del sindicato de
protección del litoral de Las Landas, un organismo público nacido a raíz
del desastre del Prestige
que agrupa a 17 Ayuntamientos y al departamento. “Lo presentamos al día
siguiente de llegar fuel a nuestras costas por precaución, para poder
actuar en caso de que se dictaminase que no había delito penal, como así
lo dice ahora la sentencia”, explica el abogado del organismo landés,
Renaud Lahitète.
El recurso está presentado contra el Estado español “por mal funcionamiento del servicio público” al considerar que las autoridades cometieron “una falta”
al decidir, desde el mismo momento del accidente, alejar mar adentro el
petrolero sin tan siquiera examinar, como lo exigen las normas
españolas, el estado
del barco. El Plan de Contingencias del Gobierno exigía que expertos
fuesen enviados a bordo para determinar qué hacer con el navío tras su
accidente frente a Fisterra. Lahitète subraya que durante el juicio en A
Coruña quedó probado, y así lo recoge la sentencia, que el exdirector
de Marina Mercante José Luis López-Sors, exculpado a todos los efectos
por la sentencia, tomó la decisión de alejar el Prestige desde el minuto cero.
“Se hizo el sordo a cualquier otra alternativa; es evidente que el
enviar mar adentro al barco causó su naufragio, y también que al día
siguiente del accidente había la posibilidad de hacer un transbordo de
la carga”, insiste el letrado. Y reseña que existe jurisprudencia en
España sobre la “falta” cometida por el Estado, que sí fue condenado por las mareas negras que provocaron en Galicia años antes el Mar Egeo y el Urquiola.
Vigipol, el organismo que agrupa a las entidades locales de Bretaña,
coincide en denunciar el “escandaloso” fallo absolutorio y en su
determinación de emprender, junto al consejo regional bretón y las
instituciones de Las Landas, “todas las medidas necesarias para que el asunto del Prestige
no acabe en un sobreseimiento”. La indignación en Francia, también
contra su Estado por haberles obligado a trasladar todas las
reclamaciones ante la justicia española, es aún mayor tras haber
conseguido una condena contundente por la marea negra del Erika,
de 1999. El Tribunal de Casación francés, en 2012, ratificó la
culpabilidad compartida por la petrolera Total, la clasificadora del
barco Rina y su armador, ambos italianos, y les condenó a pagar 200 millones de indemnizaciones. “La sentencia del Erika
dejaba entrever un reconocimiento europeo real de la noción de
perjuicio ecológico, pero ahora asistimos a un peligroso retroceso
judicial”, afirma el alcalde de San Juan de Luz.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/11/14/galicia/1384462336_417515.html
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