Las claves de las tres causas de Garzón en el Tribunal Supremo
El Tribunal Supremo tiene tres causas abiertas contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. ELMUNDO.es explica las claves de cada una de ellas:
La Sala Penal del Tribunal Supremo decide por unanimidad el 26 de mayo de 2009 abrir un proceso al juez Garzón por un delito de prevaricación (dictar a sabiendas una resolución injusta) durante la instrucción de la causa por las desapariciones del franquismo. La acusación consiste en haber iniciado y prolongado unas diligencias sobre las desapariciones del franquismo atribuyendo a personas fallecidas delitos que habían prescrito, estaban amnistiados y que, además, no eran competencia de la Audiencia Nacional.
El 23 de abril, el juez Varela expulsa a Falange del proceso por haber presentado fuera del plazo establecido el escrito de acusación contra Garzón.
Dos días antes, Varela había dado a la formación ultra un día de plazo para que subsanara dicho escrito, que contenía valoraciones ideológicas y comentarios personales sobre Garzón.
En un auto del 16 de octubre de 2008, en el que se refirió a los delitos denunciados como "crímenes contra las leyes y costumbres de la guerra y leyes de la humanidad", ordenó pedir certificaciones de defunción de 35 personas "a los efectos de declarar la extinción de responsabilidad penal por fallecimiento". Pero, paralelamente, acordó formar un grupo de expertos y de Policía Judicial y autorizó exhumaciones.
En menos de un mes, el 18 de noviembre, Garzón cerró las diligencias declarando extinguida la responsabilidad de varias personas, que ahora son ya 45, por haber fallecido. Entre ellos, aunque el auto no los cita, se encuentran los generales Franco, Mola o Queipo de Llano.
"En definitiva", señala el Supremo, "la investigación se centró en delitos para los que el juzgado reconoce carecer de competencia material". Además, "declara extinguidas unas responsabilidades penales por razón de fallecimientos, sucedidos notoriamente decenios antes de la incoación, de 45 personas, sobre cuyas acciones no se ha practicado actividad de investigación alguna".
El 7 de abril, el magistrado del Supremo Luciano Varela decide transformar en un procedimiento abreviado las diligencias abiertas a Garzón por esta causa.
El 12 de mayo, Varela ordena finalmente la apertura del juicio oral por un presunto delito de prevaricación intencionada, y no por una prevaricación meramente imprudente, en la causa abierta por las investigaciones del franquismo. La decisión no es recurrible.
Esta orden se produce un día después de que Garzón solicitara al CGPJ el traslado a la Corte Penal Internacional (CPI) para ocupar un puesto de asesor del fiscal jefe durante siete meses.
Una vez dictada la apertura de juicio oral, el CGPJ convoca un pleno extraordinario el viernes 14 de mayo en el que decide la suspensión cautelar del magistrado de la Audiencia Nacional.
Un año después, el 13 de junio, Garzón logra cambiar la Sala que le juzgará en la causa sobre el franquismo después de que el Supremo aceptara apartar a cinco magistrados del proceso.
Tras su reincorporación a la Audiencia Nacional, Garzón recibió una querella dirigida contra el presidente del entonces BSCH, Emilio Botín, y otros directivos de la entidad que unos meses antes había entregado la "generosa aportación" de 302.000 dólares (260.000 euros) para organizar dos series de coloquios. Sin abstenerse, Garzón inadmitió esa querella.
Por lo que se refiere al BBVA, Garzón sentó en el banquillo a Emilio Ybarra y a otros dirigentes del 'clan de Neguri', lo que facilitó que Francisco González quedara como presidente único de la entidad. Al poco tiempo, el juez escribió a González con objeto de que contribuyera a la financiación de un seminario sobre terrorismo que Garzón dirigía en la UNY.
Para la admisión de la querella fue determinante el conocimiento de las cartas que Garzón envió a Botín para solicitarle los fondos, elemento que no se conocía cuando, el 2 de febrero del pasado año, se archivó una primera investigación sobre los hechos.
En ellas, Garzón se dirige al presidente del banco, le agradece la financiación recibida y le pide más dinero para organizar una segunda serie de coloquios, lo que es objeto de nuevos agradecimientos. "No puede rechazarse en este momento la posibilidad de establecer alguna relación" entre la petición y consecución del patrocinio del BSCH y la negativa a abrir un proceso al presidente de esa entidad, dice la Sala de lo Penal en el auto de iniciación del proceso.
Durante la tramitación de la causa han aparecido nuevas cartas del juez pidiendo dinero a los directivos de Cepsa, Endesa, Telefónica y BBVA. En total, logró recaudar en torno al millón de euros.
La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló por ser ilegales todas las escuchas autorizadas por el juez Baltasar Garzón por vulnerar el derecho fundamental a la defensa.
El auto de apertura de juicio oral, dictado por el juez Alberto Jorge Barreiro, indicaba que la orden de Garzón para que fueran grabadas las conversaciones en prisión "constituye indiciariamente un delito continuado de prevaricación judicial y otro de uso de artificios de escucha y grabación con violación de las garantías constitucionales".
Además, el auto señalaba que el magistrado "pretendía obtener datos reservados para favorecer el éxito de la investigación". Otra de las razones por las que el Alto Tribunal decidió abrir juicio oral contra el juez es porque "conociendo la estrategia de defensa dominaba completamente la evolución de la causa, de gran trascendencia mediática".
Durante la vista oral, los tres abogados que ejercían la acusación solicitaron penas de entre 10 y 17 años de inhabilitación para el juez. La Fiscalía, al igual que la defensa de Garzón, pidieron la libre absolución del acusado. En su turno de última palabra, el juez aseguró que asume todas y cada una de sus decisiones y que no violentó ni lesionó el derecho de defensa sino que, al contrario, hizo todo por salvaguardarlo.
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/03/15/espana/1268667624.html
Causa por los crímenes del franquismo
¿De qué se le acusa?La Sala Penal del Tribunal Supremo decide por unanimidad el 26 de mayo de 2009 abrir un proceso al juez Garzón por un delito de prevaricación (dictar a sabiendas una resolución injusta) durante la instrucción de la causa por las desapariciones del franquismo. La acusación consiste en haber iniciado y prolongado unas diligencias sobre las desapariciones del franquismo atribuyendo a personas fallecidas delitos que habían prescrito, estaban amnistiados y que, además, no eran competencia de la Audiencia Nacional.
>>> ¿Quién le acusa?
La querella está promovida por el colectivo Manos Limpias, dirigido por Miguel Bernad Remón, uno de los responsables del partido ultraderechista Fuerza Nueva. Con posterioridad presentan querellas la asociación Libertad e Identidad y el partido Falange Española. La Fiscalía se manifiesta en contra y pide su archivo.El 23 de abril, el juez Varela expulsa a Falange del proceso por haber presentado fuera del plazo establecido el escrito de acusación contra Garzón.
Dos días antes, Varela había dado a la formación ultra un día de plazo para que subsanara dicho escrito, que contenía valoraciones ideológicas y comentarios personales sobre Garzón.
>>> Indicios
El Supremo pone de manifiesto que tras una primera etapa de más de un año en la que Garzón no hizo otra cosa que proveer las denuncias que iba recibiendo, el 1 de febrero de 2008 la Fiscalía de la Audiencia Nacional emitió un informe en el que advertía que este tribunal no era el competente para investigar las desapariciones forzadas, que el delito de lesa humanidad consignado en las denuncias no estaba en vigor cuando se produjeron los hechos denunciados y que en todo caso sería aplicable la Ley de Amnistía de 1977. Sin resolver sobre su competencia, Garzón ordenó la práctica de distintas diligencias.En un auto del 16 de octubre de 2008, en el que se refirió a los delitos denunciados como "crímenes contra las leyes y costumbres de la guerra y leyes de la humanidad", ordenó pedir certificaciones de defunción de 35 personas "a los efectos de declarar la extinción de responsabilidad penal por fallecimiento". Pero, paralelamente, acordó formar un grupo de expertos y de Policía Judicial y autorizó exhumaciones.
En menos de un mes, el 18 de noviembre, Garzón cerró las diligencias declarando extinguida la responsabilidad de varias personas, que ahora son ya 45, por haber fallecido. Entre ellos, aunque el auto no los cita, se encuentran los generales Franco, Mola o Queipo de Llano.
"En definitiva", señala el Supremo, "la investigación se centró en delitos para los que el juzgado reconoce carecer de competencia material". Además, "declara extinguidas unas responsabilidades penales por razón de fallecimientos, sucedidos notoriamente decenios antes de la incoación, de 45 personas, sobre cuyas acciones no se ha practicado actividad de investigación alguna".
El 7 de abril, el magistrado del Supremo Luciano Varela decide transformar en un procedimiento abreviado las diligencias abiertas a Garzón por esta causa.
El 12 de mayo, Varela ordena finalmente la apertura del juicio oral por un presunto delito de prevaricación intencionada, y no por una prevaricación meramente imprudente, en la causa abierta por las investigaciones del franquismo. La decisión no es recurrible.
Esta orden se produce un día después de que Garzón solicitara al CGPJ el traslado a la Corte Penal Internacional (CPI) para ocupar un puesto de asesor del fiscal jefe durante siete meses.
Una vez dictada la apertura de juicio oral, el CGPJ convoca un pleno extraordinario el viernes 14 de mayo en el que decide la suspensión cautelar del magistrado de la Audiencia Nacional.
Un año después, el 13 de junio, Garzón logra cambiar la Sala que le juzgará en la causa sobre el franquismo después de que el Supremo aceptara apartar a cinco magistrados del proceso.
Rechazar una querella contra un banco que le financió
>>> ¿De qué se le acusa?
El 28 de enero de 2010, también por unanimidad, el Supremo abre una causa para investigar al juez por presuntos delitos de prevaricación y cohecho por el dinero que solicitó personalmente y recibió del entonces BSCH, BBVA, Cepsa, Endesa y Telefónica para financiar actividades que desarrolló durante su estancia en la Universidad de Nueva York en 2005 y 2006.Tras su reincorporación a la Audiencia Nacional, Garzón recibió una querella dirigida contra el presidente del entonces BSCH, Emilio Botín, y otros directivos de la entidad que unos meses antes había entregado la "generosa aportación" de 302.000 dólares (260.000 euros) para organizar dos series de coloquios. Sin abstenerse, Garzón inadmitió esa querella.
Por lo que se refiere al BBVA, Garzón sentó en el banquillo a Emilio Ybarra y a otros dirigentes del 'clan de Neguri', lo que facilitó que Francisco González quedara como presidente único de la entidad. Al poco tiempo, el juez escribió a González con objeto de que contribuyera a la financiación de un seminario sobre terrorismo que Garzón dirigía en la UNY.
>>> ¿Quién le acusa?
La querella fue presentada por los abogados Antonio Panea y José Luis Mazón.>>> Indicios
De acuerdo con la querella, los fondos del BSCH habrían servido, además de para financiar los coloquios celebrados en la Universidad de Nueva York bajo la dirección de Garzón, para abonar viajes del juez por 22.650 dólares y para pagar la matrícula de su hija en la Escuela Internacional de Naciones Unidas por importe de 21.650 dólares.Para la admisión de la querella fue determinante el conocimiento de las cartas que Garzón envió a Botín para solicitarle los fondos, elemento que no se conocía cuando, el 2 de febrero del pasado año, se archivó una primera investigación sobre los hechos.
En ellas, Garzón se dirige al presidente del banco, le agradece la financiación recibida y le pide más dinero para organizar una segunda serie de coloquios, lo que es objeto de nuevos agradecimientos. "No puede rechazarse en este momento la posibilidad de establecer alguna relación" entre la petición y consecución del patrocinio del BSCH y la negativa a abrir un proceso al presidente de esa entidad, dice la Sala de lo Penal en el auto de iniciación del proceso.
Durante la tramitación de la causa han aparecido nuevas cartas del juez pidiendo dinero a los directivos de Cepsa, Endesa, Telefónica y BBVA. En total, logró recaudar en torno al millón de euros.
'Gürtel': Intervenir las comunicaciones imputado-abogado
>>> ¿De qué se le acusa?
De nuevo por unanimidad, el 24 de febrero de 2010 la Sala Penal del Supremo abre la tercera causa por presuntos delitos de prevaricación y e interceptación ilegal de comunicaciones por autorizar las escuchas de las conversaciones que mantuvieron en prisión los imputados en el 'caso Gürtel' con sus abogados defensores. El 11 de abril de 2011, el juez Alberto Jorge Barreiro ordenó la apertura de juicio oral contra Baltasar Garzón en este proceso. La vista oral se celebró entre los días 17 y 19 de enero.>>> ¿Quién le acusa?
El proceso arranca con una querella formulada por el abogado y ex fiscal de la Audiencia Nacional Ignacio Peláez, que representa al empresario José Luis Ulibarri, imputado en el 'caso Gürtel'. Con posterioridad se personaron los abogados José Antonio Choclán y Gonzalo Rodríguez-Mourullo en nombre de Francisco Correa y Pablo Crespo, ya que también fueron escuchados.>>> Indicios
Al admitir la querella contra Garzón, la Sala Penal del Supremo destacó que la "importante decisión" de intervenir las comunicaciones entre un preso y sus abogados se basó en la "hipótesis" de que los letrados pudieran hacer de enlace con la organización delictiva, pero Garzón autorizó unas escuchas "indiscriminadas" a la "generalidad" de los letrados, "tanto a los que en la actualidad como a los que en el futuro pudieran asistir profesionalmente a los presos". Además, basó las escuchas en el artículo 51.2 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, que sólo permite esa interceptación en supuestos de terrorismo.La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló por ser ilegales todas las escuchas autorizadas por el juez Baltasar Garzón por vulnerar el derecho fundamental a la defensa.
El auto de apertura de juicio oral, dictado por el juez Alberto Jorge Barreiro, indicaba que la orden de Garzón para que fueran grabadas las conversaciones en prisión "constituye indiciariamente un delito continuado de prevaricación judicial y otro de uso de artificios de escucha y grabación con violación de las garantías constitucionales".
Además, el auto señalaba que el magistrado "pretendía obtener datos reservados para favorecer el éxito de la investigación". Otra de las razones por las que el Alto Tribunal decidió abrir juicio oral contra el juez es porque "conociendo la estrategia de defensa dominaba completamente la evolución de la causa, de gran trascendencia mediática".
Durante la vista oral, los tres abogados que ejercían la acusación solicitaron penas de entre 10 y 17 años de inhabilitación para el juez. La Fiscalía, al igual que la defensa de Garzón, pidieron la libre absolución del acusado. En su turno de última palabra, el juez aseguró que asume todas y cada una de sus decisiones y que no violentó ni lesionó el derecho de defensa sino que, al contrario, hizo todo por salvaguardarlo.
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/03/15/espana/1268667624.html
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