Hasta donde alcanza la vista, un extenso mar cubre las afueras de Jerez de la Frontera (Cádiz) y rodea la autovía que comunica con Algeciras. Solo extrañan las antenas del centenar de casas construidas a pocos metros del río Guadalete que las riadas cubrieron en diciembre. El escenario, aunque con un poco menos de agua, se repite en Córdoba, Jaén y Sevilla, porque el invierno más lluvioso del que se tiene constancia en el último siglo en Andalucía ha vuelto a poner de manifiesto la dejadez urbanística: nueve de cada diez viviendas anegadas en los últimos temporales eran ilegales, según la Administración regional.
Tanto vecinos como instituciones y ecologistas coinciden en que llueve sobre mojado, y que la situación no es muy distinta de la de 1996, cuando tras una intensa sequía se registraron unas no menos intensas precipitaciones que causaron riadas. Si acaso, el panorama ha sido peor ahora, porque al agua de la lluvia se ha sumado la proveniente de unos pantanos que estaban al 40% de su capacidad. De hecho, el 70% de los embalses regionales no han tenido más remedio que abrir compuertas.
INUNDACIONES HABITUALES / Frente a la imagen de una Andalucía seca, el Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones del Gobierno autonómico constata que es una de las regiones europeas que sufren más inundaciones. Así, la frecuencia de riadas desde hace 500 años es un 62% mayor que la media española.
Este documento, elaborado en el 2002 y actualmente en proceso de revisión, identifica hasta 1.099 puntos de riesgo por inundación –un centenar de ellos en grado máximo, por el peligro para las personas-- en toda la comunidad. Los puntos negros se reparten entre 400 municipios, aunque la mitad se ubican en la cuenca del Guadalquivir. Justo los terrenos afectados por las últimas trombas.
CONSTRUIR JUNTO AL RÍO / Casi todas las viviendas inundadas se edificaron al margen de la ley y sus dueños carecen de escrituras, según los ecologistas. Los tres núcleos afectados en Jerez (Las Pachecas, La Corta y El Portal) son asentamientos en vías pecuarias o residencias de fin de semana construidas sin permisos en la ribera del río, sin respetar los 50 metros de dominio público hidráulico. Lo mismo pasa en las pedanías cordobesas de Guadalvalle y Majaneque y en Los Puentes (Jaén capital), incluso en Lora del Río (Sevilla). Pese a todo, y bajo criterios electoralistas, los consistorios han consolidado parcialmente estos núcleos al dar agua potable o desagües, de ahí que se haya pedido al Gobierno manga ancha en las ayudas por los daños. Pero de nada sirven las canalizaciones cuando se está bajo el nivel del río, porque con las crecidas el agua sale por las alcantarillas.
«¿Cómo haces entender a la gente que, aunque no haya pasado nada en años, el agua trae sus escrituras en la mano?», plantea la edila de Medio Rural de Jerez, Carmen Martínez. Su equipo de gobierno prevé construir viviendas públicas en la zona para evacuar a los vecinos a terrenos seguros sin desarraigarlos, pero algunas familias se niegan.
INCUMPLIMIENTO DE LA LEY / El problema es que, en el caso de los ríos, «no se cumple la ley de aguas, ni por parte de particulares ni por los técnicos que permiten urbanizaciones legales o incluso polígonos industriales en zonas de cauce que la gente cree que se han secado», denuncian los ecologistas, que critican la dejadez de los ayuntamientos y de las cuencas hidrográficas por permitirlo.
«La normativa es buena, el problema son los gestores», resume Lola Yllescas, portavoz de Ecologistas en Acción, que reclama dureza con las administraciones y la demolición de las viviendas en zona de riesgo. También pide sanciones a los constructores de obras como la A-92, con un socavón de 30 metros a la altura de Granada, «porque no calculan los riesgos de deslizamientos y olvidan que las lluvias son cíclicas».
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