La Generalitat se gastó 17 millones públicos en poner en marcha la Hacienda catalana
La
Guardia Civil denuncia al juez en un nuevo informe que Puigdemont
desvió esta cifra para desarrollar el Código Tributario, la Junta de
Tributos, el Consejo Fiscal, el despliegue de Hacienda y para aumentar
la plantilla
Esta información inédita ha sido
hallada en un pendrive del ex secretario de Hacienda Josep Lluís
Salvadó y acaba de ser remitida al juzgado
Refleja
además la inversión total prevista en caso de independencia: 500
millones para crear una Hacienda catalana con 7.000 funcionarios
Concretamente ha sido hallado "un documento de trabajo elaborado desde el Departamento de Vicepresidencia, Economía y Hacienda" sobre la "coordinación, supervisión y seguimiento de las actividades y medidas dirigidas a la creación del estado catalán y que afectan, básicamente, al ámbito tributario". En él quedan reflejados los fondos que "de manera efectiva" ya se han dispuesto para obtener la "plena soberanía fiscal" por la vía de desarrollar un Código Tributario, una Junta de Tributos y un Consejo Fiscal, aumentar la plantilla y potenciar el despliegue territorial.
El informe intervenido albergaba una serie de medidas que "se integran en la vía autonómica" pero que constituyen "un paso intermedio para ir implementando muchas otras con el objetivo último de crear el estado catalán y garantizar su viabilidad económica". Así, la nueva documentación confiscada a Salvadó establece que "el despliegue de la Administración Tributaria exigiría 499.869.737 euros e incrementar la plantilla a alrededor de 7.000 personas sin que se hubiese cuantificado el importe necesario para el despliegue de las aduanas o de la agencia de propiedad inmobiliaria".
700 personas más de plantilla
De esta forma, recalca la Guardia Civil, "pretendían preparar un convenio internacional para evitar la doble imposición con España utilizando el modelo OCDE y partiendo de la hipótesis de garantizar las ventajas de aplicar las directivas comunitarias". "Todo ello teniendo en cuenta que planteaban crear la Oficina de Fiscalidad Internacional aún sabiendo que, actualmente, no disponen de competencias en esta materia"."Se puede afirmar", prosigue la Policía Judicial, "que el Departamento de Vicepresidencia, Economía y Hacienda ha venido trabajando en la desconexión". "En concreto e inicialmente lo vienen haciendo hasta agotar lo que denominan vía autonómica para lo que han valorado activos en Cataluña con la finalidad de incorporarlos al patrimonio de la Generalitat, han aprobado el desarrollo normativo cuyo marco principal lo estableció la Ley 17/2017 de 1 de agosto de Código Tributario de Cataluña y han diseñado la estructura organizativa de la futura administración tributaria".
"Implementando para ello", agrega la Guardia Civil, "la Junta de Tributos, el Consejo Fiscal, el Instituto de Estudios Fiscales, la Agencia Tributaria, su despliegue territorial, la implementación del sistema e-SPRIU y la mejora del sistema GAUDÍ". Así, "sin que haya habido todavía una aportación normativa que las regule, queda constancia de que estaban trabajando en el desarrollo de la Agencia de Aduanas, de la Oficina de Fiscalidad Internacional y de la Agencia de Propiedad Inmobiliaria".
"En base a lo anterior y a las cifras" incautadas a Salvadó, "se puede afirmar que parte de los recursos que tenían previsto gastar, se han dispuesto efectivamente". Y es que "la activación de la Junta de Tributos, el Consejo Fiscal, el Instituto de Investigación Fiscal y se ha realizado una buena parte del despliegue territorial de la Agencia Tributaria y se ha incrementado la plantilla hasta 700 personas".
Plena soberanía fiscal
"Por tanto y sin que pueda ratificarse fehacientemente, cabe pensar que se han invertido parte de los recursos previstos para el desarrollo del Código Tributario, que se habían fijado en 200.000 euros; para el despliegue de la Junta de Tributos, el Consejo Fiscal y el Instituto de Investigación Fiscal que tenían un coste conjunto de 7.800.000 euros; para el despliegue territorial de la administración Tributaria presupuestado en 4.500.000 euros; y para la implementación del sistema e-SPRIU, estimado en 4.923.848 euros"."En resumen", concluyen los investigadores, "se infiere que se han invertido alrededor de 17 millones de euros en el despliegue de la administración tributaria como paso intermedio para alcanzar la plena soberanía fiscal del futuro estado catalán".
https://www.elmundo.es/espana/2019/03/01/5c7847c0fdddff8dbf8b4697.html
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