Así se puede acabar con los paraísos fiscales

Para ganar una guerra hacen falta muchas cosas: soldados, armas, logística, organización y una estrategia muy clara. Pero si hay algo clave, por encima de todo lo demás, es saber quién es el enemigo. Parece una boutade, pero como muestran los casos de la evasión fiscal, la elusión y los paraísos fiscales, no está nada claro que lo sea.
La publicación de los llamados Panamá Papers, la filtración de millones de documentos de un bufete de abogados panameño, en una investigación liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), en el que participan El Confidencial y La Sexta, ha vuelto a poner sobre la mesa los problemas con las fiscalidades opacas, la ingeniería tributaria y la existencia de países, ciudades o islas donde cientos de miles de empresas (algunas con actividad física, otras sólo un vehículo para tributar menos, blanquear o delinquir) se benefician de condiciones fiscales benignas y logran esquivar a las arcas públicas del resto del mundo.
Esta semana la indignación ha corrido como la pólvora entre ciudadanos y gobernantes de medio mundo, en especial EEUU y la UE. Al menos de boquilla. Pero aunque la guerra está oficialmente declarada, el enemigo sigue sin estar claro quién es. Y no es casualidad. Falta una definición consensuada de qué es un paraíso fiscal, una lista de miembros y una batería de medidas para poder hacer frente a las prácticas ilegales. Falta, básicamente, voluntad política.
Lo explicó con toda claridad el comisario europeo de Asuntos Económicos y Fiscalidad, y ex ministro francés, Pierre Moscovici: "si no actuamos tras lo de Panamá la gente creerá que todo está podrido". Alertaba Moscovici de que esto dará alas al populismo pero en el fondo reconocía que si se actúa, y está por ver que se haga, no será por la injusticia fiscal, por la erosión de bases o el efecto sobre las economías del resto del mundo, sino para evitar que fuerzas populistas ganen votos.

Según la Tax Justice Network , en 2012 más de 21 billones de dólares estaban ocultos en paraísos y la cifra aumentaría otro 50% teniendo en cuenta no sólo activos financieros. Y la cantidad de paraísos se ha multiplicado por tres desde mediados de los años 70.
Tener impuestos bajos no es ilegal. Abrir una cuenta en el extranjero o tener una empresa offshore no es ilegal, ni mucho menos. Pero la opacidad, la falta de colaboración ante requerimientos de la justicia y la colaboración o la culpabilidad por omisión ha sido una constante desde hace décadas. ¿Qué se puede hacer contra los paraísos? ¿Hay opciones más allá de amnistías fiscales para repatriar miles de millones de euros que deberían haber sido declarados?

La definición

El primer paso si se quiere 'luchar' contra los paraísos fiscales es lograr una definición consensuada de qué se entiende por tal. A nivel internacional la OCDE desde principios de este siglo y el G-20, desde 2009, son los organismos a través de los que los Estados han trabajado más directamente, al menos sobre el plano teórico, en temas de fiscalidad internacional y elusión fiscal. Pero no existe una definición clara de qué es un paraíso fiscal, qué requisitos debe cumplir o qué características reúne. La OCDE, con sede en París, usa una serie de indicadores: falta de transparencia, el bloque al intercambio de información, la posibilidad de pagar pocos, menos o ningún impuesto a individuos o empresas con sede o residencia en el país, incluso si no viven, trabajan o generan riqueza sobre el terreno. O que no haya, directamente, impuestos. Para poder trabajar de forma concreta es necesaria una definición, aceptada por todos a nivel internacional, y ahora mismo es un tabú.

La lista

A nadie, o casi nadie, le gusta la expresión paraíso fiscal. Aunque el serlo resulte atractivo para atraer inversión y para muchos pequeños territorios es la principal fuente de ingresos (individuos o empresas pagan una cantidad minúscula de su riqueza o beneficios, pero que va directamente a las arcas de esos territorios sin que les supongan costes), el estigma es cada vez más fuerte. El 17 de junio pasado, la Comisión Europea presentó su Plan de Acción fiscal, una de las herramientas clave de la estrategia contra la evasión y la erosión de las bases imponibles. Irónicamente, una de las prioridades de una Comisión presidida por Jean-Claude Juncker, ex primer ministro y titular de Finanzas de Luxemburgo durante tres lustros y el responsable de miles de acuerdos opacos con multinacionales y de bloquear en el Consejo Europeo medidas a favor de la transparencia y el intercambio de información. En ese Plan de Acción, y por primera vez, Bruselas daba una lista negra de hasta 30 paraísos fiscales.
Suena bien, pero en realidad es muy poco. No es una lista de paraísos, ni una lista negra. En la eurojerga lo llamaron «lista paneuropea de jurisdicciones de terceros países no cooperativas en materia fiscal» y, aunque dejaba fuera a Gibraltar o Luxemburgo, suponía un paso adelante. «No nos hemos inventado nada, no es subjetivo», justificó entonces Moscovici, explicando que la metodología es simple: están los países que al menos 10 Estados consideran paraísos fiscales.
Bruselas, a raíz de lo ocurrido con Panamá, quiere una lista europea de verdad, una que fijara los estándares. Hace ahora justo siete años, en abril de 2009, el G-20, reunido en Londres, esbozó una primera lista, más gris que negra. Los países que estaban en un principio en la lista de «no comprometidos con los estándares internacionales» protestaron, hicieron una serie de promesas y desaparecieron. Poco más.

La voluntad política

"Las leyes están mal diseñadas". El presidente de EEUU, Barack Obama, lo resumió a la perfección esta semana. "Muchas operaciones son legales. Y ese es el problema. Las leyes están mal diseñadas". No hay nada ilegal en tener una cuenta offshore. Igualmente, los tax rulings, los acuerdos a los que llegan determinadas empresas con las autoridades fiscales de determinados países, son completamente legales. El fallo está en la legislación que permite la opacidad, que dificulta el intercambio de información, que permite retrasar meses o años los requerimientos de información de las autoridades fiscales. "La paradoja es que quizás no están bien, pero son legales", coincidía, resignada, Margrethe Vestager, la comisaria europea de Competencia.
Si el problema está en las leyes, la solución está en los legisladores. No hay ninguna voluntad política para lograr un cambio de verdad. Hay economías brutalmente dependientes del secreto bancario, de impuestos bajos, de ingeniería financiera, y para invertir la situación actual es necesaria la unanimidad. Los paraísos fiscales, en cualquiera de sus acepciones, es difícil que vayan a desaparecer. Mientras haya un país con una tributación muy alta surgirán competidores que ofrezcan una más atractiva. Pero es perfectamente posible poner en marcha la legislación para evitar la evasión.

El secreto bancario

Desde hace años, EEUU lidera la lucha contra el secreto bancario. El 11-S y la necesidad de combatir al terrorismo internacional, cuyos vínculos con los mercados negros de armas, drogas y crimen organizados han sido probados, hizo que Washington apretara con inusual dureza a países como Suiza, logrando que los cantones, en la práctica, hayan asumido que la época dorada del secreto bancario y la privacidad absoluta vayan a quedar atrás.

Intercambio de información

La UE trabaja desde hace tiempo en uno de sus objetivos más ambiciosos: el intercambio automático de información y la lucha contra la erosión de bases imponibles. El principio es sencillo: que cada empresa tribute donde se genere la actividad económica. La ingeniería es legal: expertos legales son capaces de tejer un entramado de empresas, filiales y contratos para derivar los beneficios de una multinacional de un país hacia otro donde el Impuesto de Sociedades sea menor o inexistente. A través de royalties, un canon o transferencias de precios.

La presión

Por mucha colaboración que pueda haber entre los socios de la UE, entre el G7 o el G20 los paraísos fiscales tienen pocos incentivos para cooperar. Pero, como cualquiera, son sensibles a la presión, al estigma y a la coerción. Un movimiento coordinado de los gobiernos más poderosos puede tener un efecto inmediato para que haya listas públicas de los propietarios e intermediarios de una empresa, de los trust y sus gestores, y para que las peticiones de información se resuelvan de inmediato. Sistemas de arbitraje.

La coerción

En 2013, el Parlamento Europeo hizo una propuesta a la Comisión. Incluía una serie de recomendaciones fiscales genéricas. Y en el caso concreto de los paraísos fiscales proponía, para quienes estén dentro de esa lista europea que Moscovici quiere tener antes de finales de año, una serie de medidas de presión o sanción. Por ejemplo, la prohibición «del acceso a la contratación pública de bienes y servicios de la UE por parte de empresas radicadas en territorios incluidos en la lista negra y se nieguen a concederles ayudas estatales». Y todavía más allá: "que se prohíba el acceso a ayudas estatales y europeas a las empresas que sigan realizando operaciones con entidades pertenecientes a los territorios incluidos en la lista negra".
Los eurodiputados, y muchos expertos, creen que eso no bastaría. Simplemente a nivel europeo sería necesario revisar "las Directivas para exigir una contabilidad y auditoría separadas de las pérdidas y ganancias de cada sociedad de cartera de las entidades jurídicas de la UE radicadas en un territorio incluido en la lista negra", algo tan llamativo como "un impuesto especial sobre todas las operaciones hacia y desde los territorios incluidos en la lista negra de la UE", la abolición de las exenciones de las retenciones a cuenta en el caso de personas que no sean residentes fiscales en los territorios de laxa tributación o barreras arancelarias.

 http://www.elmundo.es/economia/2016/04/10/5706c6c2268e3e8b2d8b45a8.html