Mas descarta la consulta El presidente admite que no puede hacer el referéndum y propone celebrar un sucedáneo
El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha admitido esta tarde ante los partidos que han impulsado la consulta soberanista del 9 de noviembre
que la votación no puede celebrarse por falta de garantías legales y
les ha propuesto organizar un proceso de participación ciudadana para
conocer la opinión de los catalanes sobre el futuro político de
Cataluña. Durante una tensa reunión que comenzó a mediodía y que
continuaba pasadas las nueve de la noche, Mas reclamó el apoyo de CiU,
Esquerra, Iniciativa y la CUP para organizar este proceso alternativo.
De momento no lo ha logrado.
El plan de Mas, que la Generalitat descartaba hace apenas cuatro días, se basa en sacarle el máximo partido a los artículos que el Tribunal Constitucional no suspendió de la ley catalana de consultas. Fuentes de los partidos reunidos con el presidente catalán han explicado que el objetivo sería celebrar lo que en la ley se denomina “proceso participativo”.
Esta alternativa disgusta profundamente a buena parte de los partidos soberanistas que hasta ahora han apoyado al presidente catalán, pues consideran que es un sucedáneo que no tendría ningún tipo de validez legal ante los organismos internacionales. La falta de apoyo de los partidos ha obligado a prolongar la reunión para evitar dar oficialmente por roto el consenso entre el presidente y las cuatro formaciones.
Mas trasladó esta propuesta a los partidos durante una reunión en el palacio de Pedralbes de Barcelona y que los partidos soberanistas ven como la última oportunidad para salvar el 9-N.
La Generalitat intentó, sin éxito, que el encuentro fuera discreto y alejado de los medios de comunicación. No fue así.
La tensión entre los partidos era evidente desde la mañana, pues técnicamente la consulta del 9 de noviembre sobre la independencia ya no puede realizarse, al menos tal y como se planteó inicialmente en el decreto de convocatoria de la misma. La suspensión de este decreto por parte del Tribunal Constitucional, así como de buena parte de la ley de consultas catalana, ha impedido a la Generalitat completar el censo de electores en los plazos establecidos, así como la organización de los locales de votación.
Los partidos llegaron a la reunión después de que el Gobierno catalán y su entorno comenzara ya a cambiar el mensaje de los últimos meses. En lugar de insistir en que la consulta del 9 de noviembre se celebrará pase lo que pase, hoy ya no se daba nada por seguro. El consejero de Empresa, Felip Puig intentó restar importancia a una eventual cancelación del 9-N asegurando que si no se vota esa jornada “se hará en una fecha posterior”.
El presidente del Consejo de la Transición Nacional que asesora a Artur Mas, Carles Viver-Pi i Sunyer, abogó por convocar unos comicios anticipados e intentar darles un carácter de plebiscito sobre la independencia. Según Viver estas elecciones “tienen la ventaja de ser un proceso dentro de la legalidad y es muy difícil que lo prohíban. La convocatoria la hace el presidente a través de un decreto, que no es impugnable, y los programas de los partidos en principio tampoco son impugnables”, dijo. En una entrevista en Catalunya Ràdio, Viver insistió en las ventajas de este tipo de elecciones a partir de este momento. “El Parlament tenía un mandato para convocar una votación. [Con las plebiscitarias] Sería un mandato nuevo, que es para hacer un nuevo Estado”, añadió. En caso de vencer las fuerzas que lleven la independencia en su programa, este jurista es partidario de preparar “estructuras de Estado” para proclamar la independencia a medio plazo.
El plan de Mas, que la Generalitat descartaba hace apenas cuatro días, se basa en sacarle el máximo partido a los artículos que el Tribunal Constitucional no suspendió de la ley catalana de consultas. Fuentes de los partidos reunidos con el presidente catalán han explicado que el objetivo sería celebrar lo que en la ley se denomina “proceso participativo”.
Esta alternativa disgusta profundamente a buena parte de los partidos soberanistas que hasta ahora han apoyado al presidente catalán, pues consideran que es un sucedáneo que no tendría ningún tipo de validez legal ante los organismos internacionales. La falta de apoyo de los partidos ha obligado a prolongar la reunión para evitar dar oficialmente por roto el consenso entre el presidente y las cuatro formaciones.
Mas trasladó esta propuesta a los partidos durante una reunión en el palacio de Pedralbes de Barcelona y que los partidos soberanistas ven como la última oportunidad para salvar el 9-N.
La Generalitat intentó, sin éxito, que el encuentro fuera discreto y alejado de los medios de comunicación. No fue así.
La tensión entre los partidos era evidente desde la mañana, pues técnicamente la consulta del 9 de noviembre sobre la independencia ya no puede realizarse, al menos tal y como se planteó inicialmente en el decreto de convocatoria de la misma. La suspensión de este decreto por parte del Tribunal Constitucional, así como de buena parte de la ley de consultas catalana, ha impedido a la Generalitat completar el censo de electores en los plazos establecidos, así como la organización de los locales de votación.
Los partidos llegaron a la reunión después de que el Gobierno catalán y su entorno comenzara ya a cambiar el mensaje de los últimos meses. En lugar de insistir en que la consulta del 9 de noviembre se celebrará pase lo que pase, hoy ya no se daba nada por seguro. El consejero de Empresa, Felip Puig intentó restar importancia a una eventual cancelación del 9-N asegurando que si no se vota esa jornada “se hará en una fecha posterior”.
El presidente del Consejo de la Transición Nacional que asesora a Artur Mas, Carles Viver-Pi i Sunyer, abogó por convocar unos comicios anticipados e intentar darles un carácter de plebiscito sobre la independencia. Según Viver estas elecciones “tienen la ventaja de ser un proceso dentro de la legalidad y es muy difícil que lo prohíban. La convocatoria la hace el presidente a través de un decreto, que no es impugnable, y los programas de los partidos en principio tampoco son impugnables”, dijo. En una entrevista en Catalunya Ràdio, Viver insistió en las ventajas de este tipo de elecciones a partir de este momento. “El Parlament tenía un mandato para convocar una votación. [Con las plebiscitarias] Sería un mandato nuevo, que es para hacer un nuevo Estado”, añadió. En caso de vencer las fuerzas que lleven la independencia en su programa, este jurista es partidario de preparar “estructuras de Estado” para proclamar la independencia a medio plazo.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/10/13/catalunya/1413228751_388842.html
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