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miércoles, 29 de octubre de 2014

El juez envía a prisión al alcalde de Parla y a otros tres imputados

El juez envía a prisión al alcalde de Parla y a otros tres imputados

La medida es eludible bajo fianza. Otros seis interrogados salen en libertad

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha enviado en la noche de este miércoles a prisión provisional eludible bajo fianza de 60.000 euros al alcalde de Parla, José María Fraile, del PSOE, a su jefe de Gabinete, Antonio Borrego, y al de Torrejón de Velasco, Gonzalo Cubas, del PP. Además también ha enviado a prisión, en este caso eludible bajo fianza de 25.000 euros, a Antonio Cándido Ruiz, administrador de una empresa del constructor David Marjaliza, uno de los cerebros de la trama desmantelada en la Operación Púnica. El magistrado ha acordado también libertad bajo fianza de 40.000 y 20.000 euros respectivamente para Agustín Juárez, alcalde popular de Collado Villalba, y Avelino Pérez, cargo de confianza de IU del Ayuntamiento de Parla. Estos dos imputados disponen de 10 días para depositar la garantía y eludir la cárcel. Para los otros seis imputados que declararon este miércoles, el magistrado decretó libertad sin medidas cautelares, aunque siguen imputados.
El magistrado tomó declaración a lo largo de la jornada a 12 de los 17 detenidos que tenía previsto por la trama de comisiones ilegales, encabezada por el ex secretario general del PP de Madrid Francisco Granados. que pasaron a disposición judicial.
Los imputados llegaron a la sede de la Audiencia Nacional conducidos por la Guardia Civil desde las instalaciones del instituto armado en Tres Cantos. El primero en comparecer ante el juez fue un técnico del Instituto de Turismo de Murcia, Jesús Norberto Galindo que, poco antes de las dos de la tarde acabó su declaración, tras la cual fue trasladado a los calabozos de la Audiencia.
Detenidos en la operación policial
Los 17 detenidos a los que el juez Velasco tenía previsto tomar declaración este miércoles eran, además de Norberto Galindo, José Martínez Nicolas, consejero delegado de la Agencia Informática de la Comunidad de Madrid; Alejandro Utrilla Palombi, concejal de Medio Ambiente de Parla; Gonzalo Cubas, alcalde de Torrejón de Velasco; David Rodríguez Sanz, alcalde de Casarrubuelos; Francisco Ruiz Valenzuela, empresario; Marco Durán Benítez, técnico municipal de Serranillos del Valle y Agustín Juárez, alcalde de Collado Villalba. También el alcalde socialista de Parla, José María Fraile, además de Antonio Serrano Soldado, Antonio C. Ruiz García, Eduardo de la Peña Pérez, José Huerta Valbuena, administradores de empresas del supuesto cerebro de la trama, David Marjaliza; Avelino Pérez Pallarés, técnico de Obras Públicas de Parla; Constantino Álvarez de la Cueva, director comercial de Cofely y Didier Maurice, consejero delegado de esta empresa.
También estaba previsto que prestara declaración Maurice Didier, el consejero delegado de la empresa Cofely, filial del gigante francés GDF Suez, y la más beneficiada por la concesión de contratos por los que los principales imputados en la trama supuestamente cobraron comisiones. Cofely, sociedad dedicada a la eficiencia energética, obtuvo contratos por 170 millones de euros de administraciones dirigidas por los políticos imputados.
Todos los imputados fueron detenidos el pasado lunes por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Los considerados cerebros de la trama, Granados y su amigo el constructor David Marjaliza, no pasarán a disposición judicial hasta este jueves, al igual que el presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez.
Según la investigación, la trama, que supuestamente intervino en adjudicaciones por valor de 250 millones de euros en los dos últimos años, tenía el objetivo de conseguir el lucro personal de los cargos públicos, pertenecientes a cuatro partidos distintos, y no la financiación de sus respectivas formaciones.
La organización, que actuaba en Madrid, Murcia, Valencia y León, mediaba entre empresarios y políticos con influencias en el ámbito municipal, regional y de la Diputación para conseguir contratos públicos en la gestión de servicios difícilmente objetivables como el de eficiencia energética. Según fuentes jurídicas, este sería el caso de la empresa Cofely, filial de la multinacional francesa GDF Suez. A cambio los políticos recibían comisiones ilegales que se blanqueaban a través de un complejo entramado societario.
Las pesquisas contra la trama, que giraba en torno a dos conseguidores -los empresarios David Marjaliza y Alejando de Pedro Llorca-, se iniciaron en diciembre de 2013 cuando la Fiscalía de Lausana (Suiza) informó a Anticorrupción de que investigaba a Granados y Marjaliza por un delito de blanqueo de capitales agravado.
 
 
 http://politica.elpais.com/politica/2014/10/29/actualidad/1414585012_631855.html

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