Garzón: “Las leyes de amnistía no son aplicables al crimen de lesa humanidad”
La primera cadena perpetua de Jorge Rafael Videla, el dictador responsable de la desaparición de 30.000 argentinos y el robo de medio millar de niños, duró cinco años. Condenado en 1985, fue indultado en 1990 por el entonces presidente argentino, Carlos Menem. La segunda cadena a perpetuidad, de 2010, le ha durado hasta la muerte, este viernes, a los 87 años. Entre una y otra hay un largo camino judicial y político que ahora recuerdan algunos de sus protagonistas para EL PAÍS.
“Fue muy largo y accidentado”, resume Eugenio Raúl Zaffaroni, de 73 años, uno de los siete miembros de la Corte Suprema de Justicia de Argentina que redactó la sentencia que acabó con las dos leyes —de Obediencia Debida y Punto Final— que amnistiaban los crímenes cometidos durante la dictadura. “No juzgo en lo personal la decisión de Raúl Alfonsín [bajo su Gobierno se aprobaron ambas leyes] en su momento. No quisiera estar nunca en la disyuntiva de hacer algo contra mis principios o correr el riesgo de provocar cientos de muertes”.
Ricardo Gil Lavedra, diputado y miembro del tribunal que condenó a Videla en 1985, también defiende a Alfonsín. Cree que lo que cambió Argentina fue la “decisión histórica” de aquel presidente de someterlos a juicio. José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch para Latinoamérica, está de acuerdo: “Ese fue el golpe de gracia. El punto de quiebre que dejó en su sitio a Videla”.
Pero en 1990, llegó el indulto y después entró en juego España. En 1996, el juez Baltasar Garzón imputó a Videla en aplicación del principio de jurisdicción universal. “Cuando España pidió la extradición de argentinos por delitos cometidos en nuestro territorio, los jueces nos encontramos en la disyuntiva de enviarlos a que los juzgase una jurisdicción extranjera o juzgarlos nosotros. En el primer caso, estaríamos dejando al país en la situación de una tribu. La única solución era asumir la jurisdicción y juzgarlos por nuestros tribunales”, dice Zaffaroni.
Garzón sigue alegrándose hoy de que las investigaciones en España sirvieran para impulsar los juicios en Argentina. “Las leyes de amnistía, olvido o punto final no son aplicables a los crímenes de lesa humanidad. España hizo un gran esfuerzo en la aplicación del principio de jurisdicción universal y conseguimos coadyuvar a que la acción de la justicia se llevara a Argentina”, recuerda. “Videla jamás pidió perdón, jamás mostró arrepentimiento y ha muerto en la cárcel, que es lo que correspondía porque se opuso a reparar a las víctimas. Si en Argentina se ha cumplido el derecho a la verdad no ha sido por la colaboración de los victimarios, sino por el esfuerzo de las víctimas y de un país que decidió que tenía que repararlas. Uno no se alegra del fallecimiento de nadie, pero cuando me he enterado de la muerte de Videla me he acordado de las víctimas argentinas, que se llevan la reparación de saber que la justicia se aplicó con todas las garantías; que no ocurrió como con Pinochet, al que la muerte le llegó sin haber sido sometido a un juicio. Y también he pensado en las víctimas de aquí, las del franquismo, porque allí realmente se hizo justicia, pero en España la justicia ha fracasado estrepitosamente”. En Argentina el dictador ha muerto en la cárcel, y en España, lamenta, “se estaba haciendo un homenaje a la División Azul que luchó con los nazis”.
Zafaronni da la razón a Garzón en que los crímenes de lesa humanidad no son amnistiables. “No me explico lo que sucede en España, porque han pasado muchos años y en casi la totalidad de los casos lo único que interesa es un derecho a la verdad. No entiendo la resistencia. Es algo así como la actitud de los turcos respecto de los armenios, pero acaso más inexplicable, porque esto, por más que hayan intervenido los nazis y los fascistas, en definitiva, fue entre españoles y es tiempo de cerrar la herida, lo que solo se consigue con la verdad”.
Carlos Slepoy, abogado argentino en aquella causa contra Videla desde España, personado en el caso Pinochet y defensor de las víctimas españolas que se han querellado contra los crímenes del franquismo desde Argentina, está convencido de que lo que ha permitido que el dictador Videla muera en la cárcel ha sido la sociedad argentina. “Hubo un sector que nunca se resignó a la impunidad. En España, habiendo muchas más víctimas, 150.000 frente a las 30.000 de la dictadura argentina, también se pactó la impunidad, pero la sociedad empezó a moverse 30 años después de la muerte de Franco. Y de la misma manera que las víctimas argentinas vinieron una vez a España ahora son las españolas las que van a Argentina a buscar justicia”.
La cadena perpetua a Videla empezó, en realidad, con Fujimori. Lo cuenta Gastón Chillier, director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales de Argentina, que planteó “la inconstitucionalidad” de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final argentinas a raíz de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que anuló en 2001 la autoamnistía de Alberto Fujimori en Perú. Ese caso se sumó al “desarrollo del derecho penal internacional y la constitución de los tribunales especiales de Yugoslavia y Ruanda, que avanzaron en los principios de que en los casos de lesa humanidad los Estados tienen obligación de castigar a los responsables”.
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/05/17/actualidad/1368821287_517823.html
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