El Gobierno 'intensificará' las sanciones a los gestores que no cumplan el déficit
El Gobierno establecerá una serie de obligaciones legales a los gestores públicos para poder sancionarlos penalmente si incurren en una falta de "dolo acreditado" o tienen "gran culpa" en el incumplimiento de sus presupuestos económicos regionales o en el de los objetivos de déficit público establecidos.
La vicepresidenta ha explicado que "ya existen normas que sancionan ciertos comportamientos", pero, según ha dicho, el Gobierno está trabajando "para intensificar y fortalecer" esos posibles reproches penales para los gestores públicos que incumplan con la obligación de déficit.
"Los efectos retroactivos no son posibles", ha aclarado la vicepresidenta ante la posibilidad de aplicar las sanciones penales a dirigentes que hayan incumplido con el déficit en el pasado, tal y como sugirió el presidente de la Junta de Extremadura, José Antonio Monago.
Durante la rueda de prensa del Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha explicado que la nueva Ley de Transparencia acordada en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera determinará un conjunto de obligaciones legales de los gestores públicos para poder establecer posteriormente un régimen de infracciones y sanciones.
"Habrá una Ley de buen gobierno", ha dicho la vicepresidenta, que ha explicado que una vez fijadas las obligaciones legales de los gestores que guiarán la elaboración de sus presupuestos, techos de gasto y objetivo de déficit, se revisará el régimen sancionador. Ha añadido que habrá que establecer para los casos de dolo acreditado o gran culpa "una reacción desde el punto de vista penal".
"Hoy por hoy existe una responsabilidad de los gestores públicos que se determina en infracciones en el ámbito administrativo y contable y el más grave conlleva una sanción penal", ha puntualizado, aunque ha dicho que para que haya sanciones de una u otra naturaleza hay que establecer primero las obligaciones legales de cada gestor público.
Sáenz de Santamaría ha explicado que se ha creado un grupo de trabajo compuesto por personas de cuatro ministerios que realizará un informe y cuya tarea deberá estar terminada "en un plazo muy breve".
Según ha dicho la vicepresidenta del Gobierno, en los últimos años se ha producido "una proliferación de organismos reguladores" cuyas competencias, en muchos casos, "se solapan" con los departamentos ministeriales. Sáenz de Santamaría insistió en que se quiere conseguir una estructura de organismos reguladores "muy austera".
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/01/20/espana/1327065388.html
La vicepresidenta ha explicado que "ya existen normas que sancionan ciertos comportamientos", pero, según ha dicho, el Gobierno está trabajando "para intensificar y fortalecer" esos posibles reproches penales para los gestores públicos que incumplan con la obligación de déficit.
"Los efectos retroactivos no son posibles", ha aclarado la vicepresidenta ante la posibilidad de aplicar las sanciones penales a dirigentes que hayan incumplido con el déficit en el pasado, tal y como sugirió el presidente de la Junta de Extremadura, José Antonio Monago.
Durante la rueda de prensa del Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha explicado que la nueva Ley de Transparencia acordada en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera determinará un conjunto de obligaciones legales de los gestores públicos para poder establecer posteriormente un régimen de infracciones y sanciones.
"Habrá una Ley de buen gobierno", ha dicho la vicepresidenta, que ha explicado que una vez fijadas las obligaciones legales de los gestores que guiarán la elaboración de sus presupuestos, techos de gasto y objetivo de déficit, se revisará el régimen sancionador. Ha añadido que habrá que establecer para los casos de dolo acreditado o gran culpa "una reacción desde el punto de vista penal".
"Hoy por hoy existe una responsabilidad de los gestores públicos que se determina en infracciones en el ámbito administrativo y contable y el más grave conlleva una sanción penal", ha puntualizado, aunque ha dicho que para que haya sanciones de una u otra naturaleza hay que establecer primero las obligaciones legales de cada gestor público.
Organismos reguladores
Por otro lado, durante la rueda de prensa Soraya Sáenz de Santamaría también ha anunciado que el Gobierno va a llevar a cabo una "reforma integral de los organismos reguladores" con el objetivo de "simplificar al máximo su número". Según ha explicado, los criterios que guiarán esta reforma serán los de "austeridad" en la gestión de los citados organismos, así como la "profesionalidad, neutralidad e independencia" de los miembros que los componen.Sáenz de Santamaría ha explicado que se ha creado un grupo de trabajo compuesto por personas de cuatro ministerios que realizará un informe y cuya tarea deberá estar terminada "en un plazo muy breve".
Según ha dicho la vicepresidenta del Gobierno, en los últimos años se ha producido "una proliferación de organismos reguladores" cuyas competencias, en muchos casos, "se solapan" con los departamentos ministeriales. Sáenz de Santamaría insistió en que se quiere conseguir una estructura de organismos reguladores "muy austera".
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/01/20/espana/1327065388.html
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