El Supremo cree que Chaves y Griñán prevaricaron en el ‘caso de los ERE’
El tribunal también ve indicios de delitos en Viera y Zarrías, y exculpa a Mar Moreno
En el caso de Griñán, que ha perdido su condición de aforado al renunciar al acta de senador, el juez considera que debe seguir investigándose en el Supremo como presunto "coautor" de los hechos. Griñán había pedido al Supremo que dejara de investigarle,
pero el magistrado motiva a través de un auto los indicios recabados
contra él por los que se le imputa el delito de prevaricación, al que le
considera presunto coautor y por tanto que debe ser enjuiciado
conjuntamente con el resto de imputados.
Para los tres inculpados que siguen siendo aforados, Chaves, Zarrías y Viera, el juez eleva una exposición motivada a la sala de admisión para que pida el suplicatorio a las Cortes, necesario en este momento para continuar el procedimiento contra ellos. A lo largo de los 130 folios, el magistrado Alberto Jorge Barreiro analiza el sistema establecido durante diez años, de 2000 a 2010 para conceder ayudas sociolaborales a empresas y particulares por parte de la Junta de Andalucía. El juez relata cómo el sistema legal de subvenciones se fue modificando para convertirse con el paso del tiempo en la figura de transferencias de financiación, con una ausencia del control propio de las subvenciones.
El juez recoge también las 22 modificaciones presupuestarias que se aprobaron a lo largo de estos años y que resultan relevantes para configurar el delito de prevaricación. El juez cree que esas modificaciones presupuestarias "fueron arbitrarias" porque "se estaba haciendo un ejercicio arbitrario del poder que tenían atribuido, como integrantes del Consejo de Gobierno, poder que se desviaba hacia unos objetivos que tenían un componente claramente ilícito, por el sistema arbitrario aplicado". Con esas modificaciones se realizaba un aporte sustancial de dinero para pagar subvenciones "ilegalmente concedidas", según Barreiro. El juez cita las palabras del exinterventor general de la Junta, Manuel Gómez, en un escrito dirigido al Parlamento de Andalucía en el que señalaba que los imputados "cebaron sin descanso la partida de los eres".
El juez en su exposición detalla todos los indicios recabados contra
los tres aforados, así como las advertencias reiteradas del interventor,
un elemento que considera fundamental para acreditar el conocimiento de
la ilegalidad del sistema establecido. Alberto Jorge Barreiro concluye
que el sistema de subvenciones investigado fue ilegal. El magistrado se
pregunta si un sistema de intervención es eficaz "cuando el que hace la
labor de interventor general tiene que controlar la actuación de quienes
lo nombran discrecionalmente para ejercerla, es decir, si el
interventor puede realizar un control eficaz cuando es nombrado
discrecionalmente por el intervenido".
Para los tres inculpados que siguen siendo aforados, Chaves, Zarrías y Viera, el juez eleva una exposición motivada a la sala de admisión para que pida el suplicatorio a las Cortes, necesario en este momento para continuar el procedimiento contra ellos. A lo largo de los 130 folios, el magistrado Alberto Jorge Barreiro analiza el sistema establecido durante diez años, de 2000 a 2010 para conceder ayudas sociolaborales a empresas y particulares por parte de la Junta de Andalucía. El juez relata cómo el sistema legal de subvenciones se fue modificando para convertirse con el paso del tiempo en la figura de transferencias de financiación, con una ausencia del control propio de las subvenciones.
El juez recoge también las 22 modificaciones presupuestarias que se aprobaron a lo largo de estos años y que resultan relevantes para configurar el delito de prevaricación. El juez cree que esas modificaciones presupuestarias "fueron arbitrarias" porque "se estaba haciendo un ejercicio arbitrario del poder que tenían atribuido, como integrantes del Consejo de Gobierno, poder que se desviaba hacia unos objetivos que tenían un componente claramente ilícito, por el sistema arbitrario aplicado". Con esas modificaciones se realizaba un aporte sustancial de dinero para pagar subvenciones "ilegalmente concedidas", según Barreiro. El juez cita las palabras del exinterventor general de la Junta, Manuel Gómez, en un escrito dirigido al Parlamento de Andalucía en el que señalaba que los imputados "cebaron sin descanso la partida de los eres".
El magistrado Alberto Jorge Barreiro considera que el Gobierno andaluz cometió "auténticas ilegalidades"
En el auto que afecta a
Griñán el instructor recuerda que se ha investigado una estructura
claramente jerárquica y piramidal "pues no solo es que la falta de
entrega por la viceconsejera de los informes que se dirigen al consejero
contradiga de forma patentemente irrazonable lo que sucede en casos
similares, sino que de acogerse la versión del imputado, en la Junta de
Andalucía habría un sector de altos funcionarios (de viceconsejerías
hacia abajo) que estarían realizando una especie de complot o de conspiración del silencio dentro de las Consejería de Empleo, Economía y Hacienda
para ocultar a los respectivos consejeros los informes relevantes y
alarmantes que les llegaban referentes al sistema de aplicación de las
transferencias de financiación". El juez considera que el sistema de
conceder ayudas o subvenciones mediante las transferencias de
financiación generaba el falseamiento del presupuesto.
El magistrado dedica gran parte de su exposición a fundamentar por
qué las decisiones adoptadas por los aforados fueron arbitrarias e
injustas, requisitos para acreditar que con sus actos pudieron cometer
un delito de prevaricación administrativa.
http://politica.elpais.com/politica/2015/06/25/actualidad/1435232645_795454.html
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