El fiscal a cargo de la denuncia de Nisman imputa a Cristina Fernández
El sucesor de Nisman impulsa la investigación contra la presidenta de Argentina por encubrir a terroristas
Gerardo Pollicita, el fiscal a cargo de la denuncia que efectuó Alberto Nisman contra la presidenta de Argentina por encubrimiento de terroristas,
ha decidido continuar el camino que abrió el fiscal fallecido. O, al
menos, parte del camino. Pollicita no ha pedido -de momento- que se
interrogue a Cristina Fernández, tal como reclamó Nisman en su denuncia del 14 de enero.
Pero ha imputado este viernes a todos los que Nisman incriminó hace un
mes: a la presidenta de Argentina, al ministro de Exteriores, Héctor
Timerman, al diputado Andrés Larroque y al dirigente Luis D’Elía, entre
otros. Todos ellos fueron acusados por Nisman de encubrir a los
imputados iraníes en la causa AMIA,
es decir, en el atentado terrorista que en 1994 acabó con la vida de 85
personas frente a la sede porteña de la Asociación Mutual Israelita
Argentina.
Nisman acusó a Fernández y a los otros de “decidir, negociar y organizar la impunidad de los prófugos iraníes en la causa Amia” con el propósito de “liberar a los acusados y fabricar la inocencia de Irán”. Ahora, Gerardo Pollicita recoge el guante y les acusa también de supuesto encubrimiento.
La presidenta y el ministro Timerman alegaron ante la denuncia de Nisman que nunca intentaron levantar las órdenes de busca emitidas por la Interpol contra los implicados iraníes en la causa AMIA, como afirmaba Nisman. Y afirmaron en reiteradas ocasiones que las órdenes de busca siguen vigentes. Sin embargo, el fiscal Pollicita alega en su escrito de 61 páginas : "Resulta indiferente que se logre o no el fin buscado por quien presta la ayuda". Es decir, no importa si se llegaron a levantar las órdenes de busca. Lo que importa era la intención o no de levantarlas. Eso es lo que tendrá que demostrar la investigación, en caso de que el juez Rafecas ordene seguir adelante con ella.
La noticia, adelantada en su edición de este viernes por el diario Clarín, implica que Pollicita solicitará que se practiquen varias medidas de prueba para que se investigue las acusaciones que apuntó Nisman. Finalmente, será el juez Daniel Rafecas el que decida si le da curso a las medidas solicitadas por el fiscal. Rafecas apura los últimos días de sus vacaciones correspondientes al verano austral. El juez tenía previsto regresar el 22 de febrero, pero adelantará la vuelta al próximo miércoles, 18 de febrero. Esa jornada, en Argentina, será el primer día hábil de la próxima semana y se cumplirá un mes desde la muerte de Nisman.
Desde el Gobierno, el secretario de Presidencia, Aníbal Fernández, intentó restar importancia a la medida. “No tiene ningún valor jurídico ser imputado. Acá pareciera que decir imputado es como que ya está semicondenado. No tiene nada que ver, no tiene ninguna importancia”, señaló. No obstante, Fernández asumió la gran repercusión que tiene la imputación sobre la opinión pública. “El strepitus fori que se genera sí tiene mucha importancia y eso es lo que cuestiono del fiscal, porque es una clara maniobra de desestabilización antidemocrática”, indicó. Minutos después, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, habló de “golpismo judicial activo”, y señaló que el fiscal Pollicita solo intenta generar “impacto político” y “estrépito social”.
En la Casa Rosada y en los medios afines al Gobierno se vienen usando estos días las palabras “golpismo” y “golpe suave”. Hacen referencia al supuesto intento de un sector de la Justicia, en supuesta connivencia con la oposición y con los “medios hegemónicos”, es decir Clarín y La Nación, de “desestabilizar” a un Gobierno al que solo restan diez meses de mandato. A los seis fiscales que convocaron una marcha silenciosa de homenaje a Nisman para el próximo miércoles 18 de febrero, cuando se cumple un mes de su muerte, se les ha tildado de golpistas desde la televisión pública.
Raúl Plée, uno de los fiscales que convocó la marcha del próximo miércoles, salió en defensa de su colega Gerardo Pollicita frente a las críticas del Gobierno. “No me parece que sea bueno o razonable que, por la actividad de un juez o un fiscal, se esté diciendo que existe golpismo. Se repite un poco la historia que advirtió Alberto Nisman”, señaló en declaraciones a Radio Mitre, perteneciente al grupo Clarín.
Los altos cargos que salieron a criticar a Pollicita basan sus argumentos en que la denuncia de Nisman no contiene, en su opinión, ninguna prueba que avale su acusación de encubrimiento de terroristas. En ese sentido, el Gobierno presentó el jueves un escrito de 68 páginas y “carácter institucional”, en el juzgado del juez Daniel Rafecas para defender la “falta de culpabilidad” de Cristina Fernández. El documento, a cargo de los abogados de la Procuración del Tesoro Nacional, señala que Nisman no presentó prueba alguna, ni siquiera como indicio, para acreditar que Fernández o cualquier otro miembro del Gobierno intentaron levantar las órdenes de búsqueda y captura de ciudadanos iraníes. El escrito indica que la denuncia, “no aporta ninguna prueba objetiva, ni siquiera indiciaria de la existencia del hipotético acuerdo secreto”, entre el Gobierno argentino y el iraní.
El consititucionalista argentino Daniel Sabsay indicó a este periódico que la imputación de Pollicita confiere mayor entidad a la denuncia de Nisman, ya que otro fiscal ha decidido impulsar la denuncia. "En Argentina es solo el juez el encargado de procesar. El fiscal se limita a imputar o incriminar", añadió Sabsay. "Pero la imputación conlleva la sospecha de que existe un delito. Por tanto, no es cierto que la imputación no tenga ninguna validez jurídica. Tiene mucha importancia".
Nisman acusó a Fernández y a los otros de “decidir, negociar y organizar la impunidad de los prófugos iraníes en la causa Amia” con el propósito de “liberar a los acusados y fabricar la inocencia de Irán”. Ahora, Gerardo Pollicita recoge el guante y les acusa también de supuesto encubrimiento.
La presidenta y el ministro Timerman alegaron ante la denuncia de Nisman que nunca intentaron levantar las órdenes de busca emitidas por la Interpol contra los implicados iraníes en la causa AMIA, como afirmaba Nisman. Y afirmaron en reiteradas ocasiones que las órdenes de busca siguen vigentes. Sin embargo, el fiscal Pollicita alega en su escrito de 61 páginas : "Resulta indiferente que se logre o no el fin buscado por quien presta la ayuda". Es decir, no importa si se llegaron a levantar las órdenes de busca. Lo que importa era la intención o no de levantarlas. Eso es lo que tendrá que demostrar la investigación, en caso de que el juez Rafecas ordene seguir adelante con ella.
La noticia, adelantada en su edición de este viernes por el diario Clarín, implica que Pollicita solicitará que se practiquen varias medidas de prueba para que se investigue las acusaciones que apuntó Nisman. Finalmente, será el juez Daniel Rafecas el que decida si le da curso a las medidas solicitadas por el fiscal. Rafecas apura los últimos días de sus vacaciones correspondientes al verano austral. El juez tenía previsto regresar el 22 de febrero, pero adelantará la vuelta al próximo miércoles, 18 de febrero. Esa jornada, en Argentina, será el primer día hábil de la próxima semana y se cumplirá un mes desde la muerte de Nisman.
Desde el Gobierno, el secretario de Presidencia, Aníbal Fernández, intentó restar importancia a la medida. “No tiene ningún valor jurídico ser imputado. Acá pareciera que decir imputado es como que ya está semicondenado. No tiene nada que ver, no tiene ninguna importancia”, señaló. No obstante, Fernández asumió la gran repercusión que tiene la imputación sobre la opinión pública. “El strepitus fori que se genera sí tiene mucha importancia y eso es lo que cuestiono del fiscal, porque es una clara maniobra de desestabilización antidemocrática”, indicó. Minutos después, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, habló de “golpismo judicial activo”, y señaló que el fiscal Pollicita solo intenta generar “impacto político” y “estrépito social”.
En la Casa Rosada y en los medios afines al Gobierno se vienen usando estos días las palabras “golpismo” y “golpe suave”. Hacen referencia al supuesto intento de un sector de la Justicia, en supuesta connivencia con la oposición y con los “medios hegemónicos”, es decir Clarín y La Nación, de “desestabilizar” a un Gobierno al que solo restan diez meses de mandato. A los seis fiscales que convocaron una marcha silenciosa de homenaje a Nisman para el próximo miércoles 18 de febrero, cuando se cumple un mes de su muerte, se les ha tildado de golpistas desde la televisión pública.
Raúl Plée, uno de los fiscales que convocó la marcha del próximo miércoles, salió en defensa de su colega Gerardo Pollicita frente a las críticas del Gobierno. “No me parece que sea bueno o razonable que, por la actividad de un juez o un fiscal, se esté diciendo que existe golpismo. Se repite un poco la historia que advirtió Alberto Nisman”, señaló en declaraciones a Radio Mitre, perteneciente al grupo Clarín.
Los altos cargos que salieron a criticar a Pollicita basan sus argumentos en que la denuncia de Nisman no contiene, en su opinión, ninguna prueba que avale su acusación de encubrimiento de terroristas. En ese sentido, el Gobierno presentó el jueves un escrito de 68 páginas y “carácter institucional”, en el juzgado del juez Daniel Rafecas para defender la “falta de culpabilidad” de Cristina Fernández. El documento, a cargo de los abogados de la Procuración del Tesoro Nacional, señala que Nisman no presentó prueba alguna, ni siquiera como indicio, para acreditar que Fernández o cualquier otro miembro del Gobierno intentaron levantar las órdenes de búsqueda y captura de ciudadanos iraníes. El escrito indica que la denuncia, “no aporta ninguna prueba objetiva, ni siquiera indiciaria de la existencia del hipotético acuerdo secreto”, entre el Gobierno argentino y el iraní.
El consititucionalista argentino Daniel Sabsay indicó a este periódico que la imputación de Pollicita confiere mayor entidad a la denuncia de Nisman, ya que otro fiscal ha decidido impulsar la denuncia. "En Argentina es solo el juez el encargado de procesar. El fiscal se limita a imputar o incriminar", añadió Sabsay. "Pero la imputación conlleva la sospecha de que existe un delito. Por tanto, no es cierto que la imputación no tenga ninguna validez jurídica. Tiene mucha importancia".
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/02/13/actualidad/1423847781_610731.html
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