Andalucía reclamará 1,8 millones a UGT por fraudes en facturas
al contrario. El sindicato tiene abierto un frente judicial por las facturas falsas
que ha endosado a la Junta de Andalucía durante años, pero también
tiene un serio problema con la Administración autonómica. La Junta,
gobernada por la socialista Susana Díaz, ha abierto 17 expedientes para
revisar de oficio ayudas concedidas al sindicato en los últimos años
sobre las que hay sospechas de irregularidades. Estos 17 expedientes
abiertos a la central suman subvenciones en total por 7,5 millones de
euros. El resultado de los dos primeros que se han examinado se conocerá
la próxima semana y, según fuentes de la Junta de Andalucía, todo
indica que la resolución instará a UGT a devolver 1,8 millones por
ayudas concedidas en 2009.
Desde su nombramiento Díaz ha prometido ser implacable con la corrupción, que dinamitó el Gobierno de José Antonio Griñán por el caso de los ERE fraudulentos. Ahora aborda un nuevo
frente de irregularidades por el descontrol sobre las subvenciones
públicas, y busca seguir la senda ya iniciada. Esto es, revisar con lupa
todas las subvenciones concedidas y denunciar a los responsables ante
los tribunales si se deducen responsabilidades penales. Lo llamativo
esta vez es que el caso afecta de lleno al sindicato hermano del partido
socialista, en el poder en Andalucía desde hace 31 años. “Acudiremos a
los tribunales cada vez que haya menoscabo de fondos públicos(...) lo
haga quien lo haga, se llame como se llame y afecte a quien afecte”,
afirmó este jueve Susana Díaz en el Parlamento.
Hasta ahora UGT ya ha reintegrado a las arcas públicas 25.000 euros por dos subvenciones gastadas de manera indebida, en una comida de la Feria de Abril de Sevilla y la adecuación de un pabellón para una asamblea de delegados sindicales. Nada que ver con el concepto original: la primera subvención se concedió para gastos en los procesos de negociación colectiva y la segunda para la defensa legal de trabajadoras discriminadas por razón de sexo.
El pasado verano el Gobierno andaluz inició la revisión de 30 ayudas dadas al sindicato, y tras esta devolución inicial de 25.000 euros, la semana que viene el Ejecutivo prevé reclamar 1,8 millones por dos ayudas (1,1 millones y 700.000 euros) otorgadas por la Consejería de Empleo.
La alta suma supondrá un terremoto para las dañadas arcas de la
federación andaluza, que este año ha presentado un ERE por el que ha
despedido a 159 empleados y un expediente temporal para 57 trabajadores,
tras alegar dificultades económicas para abonar los salarios.
Al margen de los 17 expedientes de revisión de oficio abiertos por un total de 7,5 millones, la Junta estudia otras 10 subvenciones, que están en diferentes fases. Los expedientes que la Administración andaluza analiza suman un total de 30, y su repercusión en las cuentas del sindicato puede generar un agujero de consecuencias imprevisibles.
Tras las informaciones en prensa sobre una turbia contabilidad de UGT, la Junta abrió este verano diversos expedientes de información previa y le pidió al sindicato información para clarificar el destino de los fondos. Dado que la respuesta del sindicato no satisfizo a los instructores de los expedientes, se aplicó la Ley de Procedimiento Administrativo para iniciar la revisión de oficio de ciertos expedientes.
En algunas ayudas el plazo de resolución de tres meses está próximo y ahora el instructor eleva una propuesta al gabinete jurídico, que determina el procedimiento preceptivo. Las opciones son enviarlo al Consejo Consultivo de Andalucía o al juzgado.
En este último caso, un magistrado decidirá si la gravedad de las
irregularidades debe implicar responsables penales. Las ayudas
examinadas corresponden a 2009 y 2010, cuando el secretario general era
Manuel Pastrana, su número
dos (y actual secretario general) Francisco Fernández Sevilla, y el
secretario de Administración, Federico Fresneda. En el peor momento de
la tormenta Fernández Sevilla y la cúpula actual han optado esta semana
por el silencio y no responden a las graves acusaciones que perjudican
al sindicato. De ahí el enfado del secretario general,
Cándido Méndez, que considera fallida esta estrategia de no dar la
cara, limitarse a convocar un comité extraordinario el próximo 9 de
enero, y dejar en el aire su relevo.
Tanto el Partido Popular como Izquierda Unida (socio de gobierno del PSOE) pidieron este jueves que la Junta eleve a los tribunales las irregularidades. Todo apunta en esta dirección y de confirmarse este dato, las denuncias de la Junta recaerán en el juzgado de la instructora del caso ERE Mercedes Alaya, que ya investiga al sindicato y ha acumulado otras denuncias en la pieza secreta que mantiene abierta.
http://politica.elpais.com/politica/2013/11/28/actualidad/1385673624_306856.html
su nombramiento Díaz ha prometido ser implacable con la corrupción, que dinamitó el Gobierno de José Antonio Griñán por el caso de los ERE fraudulentos. Ahora aborda un nuevo
frente de irregularidades por el descontrol sobre las subvenciones
públicas, y busca seguir la senda ya iniciada. Esto es, revisar con lupa
todas las subvenciones concedidas y denunciar a los responsables ante
los tribunales si se deducen responsabilidades penales. Lo llamativo
esta vez es que el caso afecta de lleno al sindicato hermano del partido
socialista, en el poder en Andalucía desde hace 31 años. “Acudiremos a
los tribunales cada vez que haya menoscabo de fondos públicos(...) lo
haga quien lo haga, se llame como se llame y afecte a quien afecte”,
afirmó este jueve Susana Díaz en el Parlamento.Hasta ahora UGT ya ha reintegrado a las arcas públicas 25.000 euros por dos subvenciones gastadas de manera indebida, en una comida de la Feria de Abril de Sevilla y la adecuación de un pabellón para una asamblea de delegados sindicales. Nada que ver con el concepto original: la primera subvención se concedió para gastos en los procesos de negociación colectiva y la segunda para la defensa legal de trabajadoras discriminadas por razón de sexo.
El pasado verano el Gobierno andaluz inició la revisión de 30 ayudas dadas al sindicato, y tras esta devolución inicial de 25.000 euros, la semana que viene el Ejecutivo prevé reclamar 1,8 millones por dos ayudas (1,1 millones y 700.000 euros) otorgadas por la Consejería de Empleo
.
La alta suma supondrá un terremoto para las dañadas arcas de la
federación andaluza, que este año ha presentado un ERE por el que ha
despedido a 159 empleados y un expediente temporal para 57 trabajadores,
tras alegar dificultades económicas para abonar los salarios.Al margen de los 17 expedientes de revisión de oficio abiertos por un total de 7,5 millones, la Junta estudia otras 10 subvenciones, que están en diferentes fases. Los expedientes que la Administración andaluza analiza suman un total de 30, y su repercusión en las cuentas del sindicato puede generar un agujero de consecuencias imprevisibles.
Tras las informaciones en prensa sobre una turbia contabilidad de UGT, la Junta abrió este verano diversos expedientes de información previa y le pidió al sindicato información para clarificar el destino de los fondos. Dado que la respuesta del sindicato no satisfizo a los instructores de los expedientes, se aplicó la Ley de Procedimiento Administrativo para iniciar
la revisión de oficio de ciertos expedientes.En algunas ayudas el plazo de resolución de tres meses está próximo y ahora
el instructor eleva una propuesta al gabinete jurídico, que determina el procedimiento preceptivo. Las opciones son enviarlo al Consejo Consultivo de Andalucía o al juzgado.
En este último caso, un magistrado decidirá si la gravedad de las
irregularidades debe implicar responsables penales. Las ayudas
examinadas corresponden a 2009 y 2010, cuando el secretario general era
Manuel Pastrana, su número
dos (y actual secretario general) Francisco Fernández Sevilla, y el
secretario de Administración, Federico Fresneda. En el peor momento de
la tormenta Fernández Sevilla y la cúpula actual han optado esta semana
por el silencio y no responden a las graves acusaciones que perjudican
al sindicato. De ahí el enfado del secretario general,
Cándido Méndez, que considera fallida esta estrategia de no dar la
cara, limitarse a convocar un comité extraordinario el próximo 9 de
enero, y dejar en el aire su relevo.Tanto el Partido Popular como Izquierda Unida (socio de gobierno del PSOE) pidieron este jueves que la Junta eleve a los tribunales las irregularidades. Todo apunta en esta
dirección y de confirmarse este dato, las denuncias de la Junta recaerán en el juzgado de la instructora del caso ERE Mercedes Alaya, que ya investiga al sindicato y ha acumulado otras denuncias en la pieza secreta que mantiene abierta.http://politica.elpais.com/politica/2013/11/28/actualidad/1385673624_306856.html
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